Guatemala, 8 may (RHC) Varias casas de lonas se armaron en la Plaza de la Constitución en la capital de Guatemala, para la permanencia de centenares de maestros quienes exigen el cumplimiento de un pacto colectivo acordado con el Gobierno.

Muchos durmieron desde la víspera en los alrededores del céntrico lugar, que se llenó de improvisadas colchonetas, sábanas, nailon y tiendas de campañas para resguardarse del sol y pasar las dos noches previstas.

La medida promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) tiene lugar después de una multitudinaria manifestación pacífica el 3 de mayo que culminó en las puertas del Congreso, adonde llevaron sus demandas.

Paralelamente, cerca de 30 000 profesores cumplen una tercera semana de paro de clases en varias escuelas públicas a nivel nacional como parte de las acciones de fuerza contra el Ejecutivo de Jimmy Morales, que en febrero último acordó con el Steg un aumento salarial aún no efectivo.

La movilización se integra al llamado a la resistencia pacífica hecho por el dirigente gremial Joviel Acevedo, quien advirtió días atrás que tomarían la Plaza si no tenían respuestas efectivas.

Ante la parálisis en los centros escolares, el ministro de Educación Óscar Hugo López ha llamado al Steg a entablar un diálogo que ponga fin a medidas que afectan a los estudiantes y el cumplimiento de los 180 días de clases.

En breves declaraciones a la prensa, el vicepresidente Jafeth Cabrera criticó la postura de los docentes, la cual calificó contradictoria y ajena al ejemplo que deben dar al país, por afectar a niños y padres de familia.

El pacto colectivo firmado en febrero pasado incluye un aumento salarial del cinco por ciento anual durante tres años consecutivos, así como un bono de 2 500 quetzales (337,38 dólares) al año.

Además, un incentivo de 500 quetzales (67,47 dólares) anuales para los maestros con título universitario.

Según estimaciones del Ministerio de Educación, se necesitan al menos 950 millones de quetzales (128,2 millones de dólares) para cumplir con el pacto laboral, recursos que podrían salir del presupuesto del Estado o pasaría a manos del Congreso para que apruebe una ampliación.