Quito, 14 junto (RHC) Por amplia mayoría, el parlamento ecuatoriano rechazó un pedido de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de un proceso penal contra el expresidente Rafael Correa.

En sesión realizada en la sede del máximo órgano legislativo, una mayoría de 83 parlamentarios no avaló la solicitud, y los seguidores de Rafael Correa expresaban en el exterior del recinto su repulsa a tan tamaña injusticia.

Para llegar a esa determinación, se tuvo en cuenta el artículo 120 numeral 10 de la Constitución, según el cual, el legislativo solo puede autorizar enjuiciamiento del presidente o vicepresidente, no de quién ya no ocupa esos cargos.

Además de declarar improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho, la Asamblea resolvió devolverlo.

Tras ese paso, corresponde a la justicia ecuatoriana definir el seguimiento del proceso, en un caso relacionado con el presunto secuestro del exlegislador Fernando Balda, en 2012, en Colombia, donde evadía una sentencia de dos años, por injurias.

La asambleísta Paola Cabezas afirmó que en Ecuador se vive una etapa de judicialización de la política. Rafael Correa cuenta con liderazgo en el país y en la región y lo que se busca, como ocurrió en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva y en Argentina con Cristina Fernández, es evitar que líderes de izquierda regresen a gobernar en América Latina', estimó.

En es misma línea, representantes de la provincia de Manabí estimaron que contra el exmandatario hay persecución política y buscan enjuiciarlo al no poder probarle ningún acto de corrupción.

Mientras, durante la concentración algunas personas señalaron que hubo

enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional y varios legisladores denunciaron ser víctimas de agresiones, entre ellos Gabriela Rivadeneira, Bairon Valle, Mauricio Zambrano, Verónica Guevara y Pabel Muñoz.

Por su parte, Correa se pronunció en Twitter sobre la decisión del legislativo. “Cómo les anticipé, una mayoría parlamentaria se burla de la Constitución y la justicia y en lugar de autorizar el levantamiento de la inmunidad, para lo cual requerían 92 votos, se declaran incompetentes para resolver, con 83 votos. Todo debería ser nulo”, advirtió.

Asimismo afirmó: las decisiones judiciales se cumplen, no pueden declararse improcedentes por otro poder del Estado. Con esa lógica una ley aprobada por la asamblea podría ser desobedecida por el ejecutivo por improcedente. Todo el problema es que no tenían los votos para el desafuero.