Managua, 2 jul (RHC) La ola de violencia en Nicaragua cobró la vida de dos agentes policiales en el municipio de San Marcos, ocasionada por dos sujetos no identificados a pesar de las conversaciones sostenidas por el gobierno.

Individuos encapuchados dispararon con armas de fuego a los uniformados que realizaban labores de vigilancia en esa localidad, donde perdieron la vida al menos cinco personas por el accionar de grupos de delincuentes.

Un equipo técnico conformado por oficiales de investigación y peritos de criminalística trata de esclarecer el hecho, según informó la fuerza del orden en un comunicado, en el que también expresó condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas.

Al menos nueve policías murieron y unos 200 resultaron heridos desde el inicio de la escalada de violencia, según un informe reciente de la Comisión, que repudió los ataques armados contra comisarías en Matagalpa, Masaya y Jinotepe, “que han llevado al límite de la resistencia a los agentes”.

La espiral de violencia estalló en medio de protestas contra reformas al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.

De acuerdo con observadores, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno.

Grupos de jóvenes de Monimbó, Masaya, acordaron restablecer la paz, durante un encuentro con la policía de ese departamento nicaragüense, agobiado hace más de dos meses por la violencia que persiste en algunas zonas del país.

Individuos que permanecían en algunas barricadas en la localidad indígena y las fuerzas del orden firmaron un pacto con el ánimo de promover la armonía y la tranquilidad de las familias.

Los jóvenes, que dirigen a grupos en riesgo, aseguraron a medios periodísticos nacionales que su deseo es retomar la vida cotidiana, el trabajo, los estudios y la recreación.

Durante el encuentro abordaron aspectos para garantizar la estabilidad de la comunidad y las instituciones, como el cese de la violencia y la desmovilización.

Asimismo se comprometieron a realizar acciones en conjunto con las autoridades municipales para retirar gradualmente los bloqueos de vías, y facilitar la libre circulación en la localidad.

Madres de jóvenes participantes prometieron acompañarlos en las guardias nocturnas organizadas por pobladores, ante la presencia de grupos delincuenciales, que según denunciaron, se aprovechan de la situación para asaltar y saquear.

La violencia delincuencial promovida por grupos opositores alcanzó niveles insospechados en Masaya, donde murieron al menos 27 personas desde el inicio de la crisis sociopolítica de abril.

Ubicada a unos 25 kilómetros al sur de la capital, la llamada ciudad de las flores pasó de la prosperidad al caos, tras ataques, incendios y saqueos, que generaron cuantiosas pérdidas económicas.

La ola de violencia estalló en medio de protestas contra reformas gubernamentales al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.

Tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno, de acuerdo con observadores.