En un comunicado, el grupo exhortó al gobierno de Venezuela a 'una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el evento (...) con objeto de esclarecer los hechos de manera imparcial, con pleno respeto del estado de derecho y de los derechos humanos'.

Califica igualmente como 'acciones de represión' las medidas de las autoridades venezolanas contra parlamentarios involucrados en el atentado.

El texto repudia 'cualquier intento de manipulación que se haga del incidente ocurrido el 4 de agosto para perseguir y reprimir a la disidencia política', sin condenar el atentado ni a los atacantes y califica como arbitraria e ilegal la detención del diputado Juan Carlos Requesens, y la orden de captura emitida contra su colega y fugitivo Julio Borges.

Requesens confesó a las autoridades de su país que participó en la operación contra Maduro por instrucciones de Julio Borges, quien es cobijado por el gobierno de Colombia, donde se urdió la operación, según el gobierno bolivariano.

Además de lanzar otros ataques al gobierno venezolano y alegatos en defensa de los autores del atentado, oficialmente denunciados, el comunicado del Grupo de Lima reclama la libertad de quienes llama 'presos políticos' venezolanos y demanda nuevas elecciones.

Pese a reconocer que sólo los venezolanos pueden encontrar la solución a la situación que viven, el comunicado reafirma que seguirá tomando acciones e iniciativas para 'contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática', lo que la administración de Venezuela denuncia como intromisión en sus asuntos internos