Brasilia, 25 ago (RHC) La omisión que emisoras de la televisión brasileña practican hasta hoy con la candidatura presidencial del ex dignatario, Luiz Inácio Lula da Silva, constituye una discriminación ilegal, manifestó el abogado Dalmo Dallari.
No existe ninguna decisión judicial que justifique el hecho que las empresas de comunicación ignoraren la campaña de Lula, indicó el jurista y remarcó que el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) tiene derechos que la ley asegura a todos los candidatos.
'Legalmente, él tiene derecho de ser escuchado, de usar los medios de comunicación que son usados por todos los demás aspirantes. El no es un semi-candidato. Por ahora es un candidato como los demás', enfatizó Dallari en declaraciones al periódico Brasil de Fato.
El jueves último la defensa del ex presidente Lula, preso político desde el pasado 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en la ciudad paranaense de Curitiba, presentó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una petición para que las televisoras garanticen a la fórmula presidencial de Lula el mismo trato que a las demás.
La solicitud advierte sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Ley número 9.504/97, para impedir que las empresas de comunicación actúen 'de modo antidemocrático' y usen su poder mediático 'para desviar toda y cualquier atención del referido candidato'.
Aún cuando encabeza con holgura todas las encuestas de intención de votos realizadas hasta ahora, Lula fue excluido de los dos primeros debates televisivos entre candidatos a ocupar el Palacio de Planalto.
El 17 de agosto último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció en una medida liminar que Lula debe tener garantizados sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial, 'hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo'.
Los abogados de la defensa del ex dignatario impugnaron la posibilidad de que el Estado brasileño esquive la determinación y consideraron 'impensable e incompatible con la buena fe' incumplir tal resolución, después que Brasil confirmara en 2009 el compromiso de respetar las decisiones de ese órgano internacional.
En un artículo, los letrados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins dijeron no creer que Brasil 'vaya a dejarse contaminar por la antigua tentación de países que niegan protección a garantías fundamentales mediante la invocación de disposiciones del Derecho interno'.
Esperamos que las autoridades brasileñas y también los agentes no estatales envueltos de alguna forma en el asunto cumplan las decisiones de dicho Comité, porque una eventual responsabilidad internacional sobrevivirá a gobiernos, mandatos, nominaciones o concesiones, advirtieron.
'Legalmente, él tiene derecho de ser escuchado, de usar los medios de comunicación que son usados por todos los demás aspirantes. El no es un semi-candidato. Por ahora es un candidato como los demás', enfatizó Dallari en declaraciones al periódico Brasil de Fato.
El jueves último la defensa del ex presidente Lula, preso político desde el pasado 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en la ciudad paranaense de Curitiba, presentó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una petición para que las televisoras garanticen a la fórmula presidencial de Lula el mismo trato que a las demás.
La solicitud advierte sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Ley número 9.504/97, para impedir que las empresas de comunicación actúen 'de modo antidemocrático' y usen su poder mediático 'para desviar toda y cualquier atención del referido candidato'.
Aún cuando encabeza con holgura todas las encuestas de intención de votos realizadas hasta ahora, Lula fue excluido de los dos primeros debates televisivos entre candidatos a ocupar el Palacio de Planalto.
El 17 de agosto último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció en una medida liminar que Lula debe tener garantizados sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial, 'hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo'.
Los abogados de la defensa del ex dignatario impugnaron la posibilidad de que el Estado brasileño esquive la determinación y consideraron 'impensable e incompatible con la buena fe' incumplir tal resolución, después que Brasil confirmara en 2009 el compromiso de respetar las decisiones de ese órgano internacional.
En un artículo, los letrados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins dijeron no creer que Brasil 'vaya a dejarse contaminar por la antigua tentación de países que niegan protección a garantías fundamentales mediante la invocación de disposiciones del Derecho interno'.
Esperamos que las autoridades brasileñas y también los agentes no estatales envueltos de alguna forma en el asunto cumplan las decisiones de dicho Comité, porque una eventual responsabilidad internacional sobrevivirá a gobiernos, mandatos, nominaciones o concesiones, advirtieron.
