Guatemala, 10 sep (RHC) Pobladores guatemaltecos de Sololá, se mantienen movilizados en la ruta Interamericana en rechazo a la decisión del Gobierno de poner fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los puntos cerrados al paso vehicular son el kilómetro 127, Los Encuentros, y el 133 en La Cuchilla, Sololá, así como el 111 en Las Trampas, Chichicastenango.

Dirigentes anunciaron el paro pacífico el fin de semana para expresar su condena a la corrupción y a favor de que continúe la labor de la Cicig, cuya renovación no será firmada por el presidente Jimmy Morales en septiembre de 2019, según informó a la opinión pública el 31 de agosto.

De acuerdo con reportes de prensa, una representación de los manifestantes viajó a esta capital, donde buscará entregar sus peticiones al Presidente.

La víspera, autoridades de Sololá convocaron a participar en el paro y a suspender las actividades en la cabecera departamental con el cierre de comercios, escuelas y la municipalidad.

Para mañana se esperan cinco nuevos bloqueos en la transitada carretera Interamericana por parte de los 48 cantones de Totonicapán, así como una protesta de grupos estudiantiles de la Universidad de San Carlos frente al Congreso, en esta capital.

El miércoles se prevé una movilización mayor, ya que tres organizaciones campesinas e indígenas convergerán en el Legislativo para exigir la renuncia de Morales y que los diputados no aprueben el transfuguismo, anunciaron en redes sociales.

La medida tomada por el Jefe de Estado contra la Cicig y días después la prohibición de entrada al país de su comisionado Iván Velásquez, desató una polarización de fuerzas en el plano interno y en la comunidad internacional, con voces a favor y en contra de la labor anticorrupción del ente, creado en diciembre de 2006.

La Corte de Constitucionalidad tiene en su poder tres recursos de amparo que buscan revertir la decisión de Morales, pero hasta hoy no había fijado fecha para examinar los informes entregados por el Ejecutivo para justificar su proceder.

En el plano opuesto, este lunes los 22 gobernadores departamentales se reunieron con el mandatario para expresarle su respaldo y pidieron que la Cicig rinda cuentas sobre el uso de los fondos monetarios que ha recibido durante el tiempo que ha trabajado en el país.

La Comisión se financia a través de contribuciones económicas voluntarias de la comunidad internacional que se depositan en un fondo administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Unos 17 donantes han realizado aportes desde su establecimiento en esta nación centroamericana.

El cierre de agosto y el comienzo de septiembre representaron un giro de 180 grados en la vida política de este país, con el anuncio anticipado del presidente Jimmy Morales de no prorrogar más allá de 2019 el mandato de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ocurrió el día 31, con una demostración de fuerza sin precedentes, al hacerse acompañar por la cúpula militar y policial junto a solo tres miembros de su gabinete, y pronunciar un discurso con duros calificativos hacia la labor del ente de la ONU, creado en 2006 para combatir la creciente –y aún muy poderosa- corrupción.

El escenario, marcado por voces a favor y en contra de la medida, se complicó aún más el 3 de septiembre, cuando Morales prohibió el ingreso a suelo guatemalteco del jefe de la Cicig, Iván Velásquez, quien días antes había viajado a Washington.

La sugerencia partió del Consejo de Seguridad Nacional por considerar a Velásquez “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública” y, en consecuencia, polarizó las fuerzas internas, el apoyo de la comunidad internacional y del Secretario General de la ONU, António Guterres.

Los acontecimientos no levantaran tantas suspicacias si llegaran en otro contexto para el Jefe de Estado, a las puertas de un nuevo antejuicio por financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder, una acusación que partió del Ministerio Público y la Cicig en agosto de este año y con nuevos argumentos.

El enfrentamiento de Morales con Velásquez no es de ahora, pues ya en agosto de 2017 intentó sin éxito su expulsión del país, y desde entonces la pugna parece responder a asuntos personales más que a intereses de país, a juicio de analistas.

Las manifestaciones populares que se anuncian podrían ahondar la crisis política como el pasado año y en fechas casi coincidentes.

A partir de este lunes se prevé bloqueo de carreteras en la provincia por parte de grupos campesinos y organizaciones indígenas para exigir la renuncia de Morales por sus decisiones en contra de la Cicig.

El alcalde de la municipalidad de Sololá, Samuel Saloj, confirmó que el 10 de septiembre bloquearán tres puntos de la carretera Interamericana a partir de las 8:30 hora local hasta las 17:00.

Un día después lo harán los 48 cantones de Totonicapán, en el altiplano, pero en cinco puntos, y grupos estudiantiles de la Universidad de San Carlos llegarán hasta el Congreso para denunciar una iniciativa que pretende reformar la Ley en Materia de Antejuicio.

Para el miércoles se prepara una manifestación más grande con la participación de tres organizaciones campesinas e indígenas que convergerán en el Legislativo.

Por su parte, la Corte de Constitucionalidad deberá pronunciarse sobre cinco acciones que buscan revertir la decisión del Gobierno contra la Cicig y Velásquez, a quien la ONU pidió mantener su trabajo desde el exterior hasta que se aclare una situación calificada de confusa.

En medio de este escenario volátil, se prepara el cierre de los festejos patrios, el venidero 15 de septiembre, pero muchos temen que termine igual que el pasado año, cuando Morales suspendió un día antes el desfile central luego de una intensa jornada de protestas en el Congreso y la Plaza de la Constitución.

Entonces, la ciudadanía impidió con sus manifestaciones que se concretara en el Hemiciclo un llamado Pacto de Corruptos que pretendía modificar la ley penal para disminuir las condenas de los acusados por financiamiento ilícito, casualmente, el delito por el que la Cicig había pedido antejuicio a Morales.

Lo más curioso es que el azar vuelve ahora a ponerlo en las cuerdas, y también a los diputados.

El Pacto de Corruptos, más activo que nunca, buscará esta semana reformar la Ley en materia de Antejuicios para eliminar el filtro de la Corte Suprema de Justicia y hacer que los expedientes pasen directamente al Congreso.

Por su parte, el Jefe de Estado tiene nuevamente en manos del Legislativo su inmunidad, aunque ante la correlación de fuerzas favorable a los grupos de derecha no tendrá mucho que temer como en 2017.

El desgaste, eso sí, será ante los ojos de una ciudadanía que ya no cree en el lema 'Ni corrupto, ni ladrón' que tres años atrás logró deslumbrarla.