Barcelona, 11 sep (RHC) Cientos de miles de catalanes salieron a las calles para la primera celebración del Día de Cataluña, tras el intento separatista de hace casi un año.

La Diada, que cada 11 de septiembre recuerda la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas en la Guerra de Sucesión Española, en 1714, es actualmente una manifestación de sectores independentistas que reclaman la libertad de dirigentes a quienes consideran presos políticos.

Durante una jornada en la que se marchó por el derecho a la autodeterminación, contabilizó la organización Societat Civil Catalana 200 000 movilizados en Barcelona, la capital, mientras que la Guardia Urbana, uno de los principales grupos independentistas y que marchó bajo la consigna Hagamos la República catalana, habla de un millón de personas.

La conmemoración de la fiesta principal de esa región del noreste español estará marcada este año por la reivindicación soberanista en favor de la libertad de los nueve políticos en prisión preventiva por el plan secesionista.

Desde 2012, el 11 de septiembre, que recuerda la derrota de Barcelona ante las tropas borbónicas en 1714 y la consecuente pérdida del autogobierno catalán, es motivo de multitudinarias protestas a favor del derecho a decidir de los catalanes.

Casi medio millón de personas se inscribieron para participar en la manifestación de la Diada, que en los últimos años fue usada por los independentistas -cerca de la mitad de los 7,5 millones de catalanes- para pedir la formación de una nueva república.

El presidente de la Generalitat (ejecutivo regional), el separatista Quim Torra, proclamó que la manifestación de este martes será “un clamor por la libertad”.

Confió en que los ciudadanos lleven en el recuerdo “a los compañeros en el exilio, presos, y a los miles de catalanes investigados, procesados o que deberán pasar por los juzgados”.

El mandatario aludió a los imputados por el Tribunal Supremo de España por su papel en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, prohibido de antemano por la justicia, y la ulterior proclamación de independencia del día 27 de ese mes.

Hace casi un año, su antecesor en el cargo, el también secesionista Carles Puigdemont, autorizó la celebración del referendo, en una jornada que terminó con cientos de heridos por las cargas policiales contra votantes inermes para impedir la votación.

Pese a que la consulta se realizó sin garantías ni reconocimiento internacional y fue boicoteada por los unionistas, Puigdemont la consideró un mandato para declarar unilateralmente la independencia de España, aprobada por el parlamento autonómico el 27 de octubre.

El ejecutivo central, presidido entonces por el conservador Mariano Rajoy, respondió a ese desafío con la destitución esa misma jornada de Puigdemont y todo su gabinete, al tiempo que la justicia española procesó a 25 responsables del plan soberanista.

Nueve de ellos se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio, mientras que otros siete se autoexiliaron en Bélgica, Reino Unido y Suiza, incluido el propio Puigdemont.

La cercanía de los juicios a los procesados -considerados presos políticos por el independentismo-, el primer aniversario del referéndum y la misma Diada llevaron a la prensa a hablar de un otoño caliente en Cataluña.

El Gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez, quien asumió el poder el 1 de junio gracias a una moción de censura parlamentaria apoyada, entre otros, por los partidos separatistas catalanes, inició un proceso de acercamiento con Barcelona.

Sin embargo, Madrid mantuvo el rechazo a permitir una consulta sobre la escisión de la rica región nororiental y en su lugar propuso la celebración de un referendo sobre un estatuto de autonomía que amplíe el autogobierno del próspero territorio.