San José, 1 oct (RHC) La huelga contra la reforma fiscal cumple su cuarta semana y podría desembocar en un conflicto social más serio, tras el fracaso de un encuentro entre líderes sindicales y representantes del Gobierno de Costa Rica, sin embargo esos acontecimientos tienen baja repercusión en los medios de prensa internacionales que no ayudan a divulgarlo.

Este domingo se conoció que las bases obreras de las 12 agrupaciones sindicales rechazaron la propuesta preliminar alcanzada entre sus dirigentes y representantes del Gobierno, después de ocho intensas jornadas de una cita exploratoria para valorar el inicio de un diálogo sobre la situación fiscal y poner fin al paro general.

Consultado sobre la oposición de las bases obreras al texto de consenso, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, recordó que ese acuerdo preliminar se construyó con los representantes de Gobierno y todos los líderes sindicales.

Una vez más, el mandatario insistió en que el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -plan o reforma fiscal-, denominado combo fiscal por los sindicatos y motivo de lqa huelga general por tiempo indefinido, continuará su curso mañana en la Asamblea Legislativa.

“Seguirá porque es una necesidad que tiene Costa Rica, es una necesidad que tenemos para fortalecer las finanzas públicas y dar tranquilidad a nuestro país y lograr salir adelante de esta situación de muchos años, cerca de 18 años, pero que hoy vamos a resolver, porque eso es lo que a nosotros nos toca”, aseguró el presidente tico.

Por su parte, las agrupaciones obreras opuestas al combo fiscal mantendrán las protestas para exigir que el proyecto legal sea retirado de la corriente legislativa y sustituido por una reforma fiscal justa, progresiva y solidaria, donde el peso de los impuestos y la reducción del elevado déficit fiscal lo paguen los sectores más poderosos y no los más pobres del país.

Sin embargo, el Plenario del Legislativo comenzará hoy el análisis y votación de las mociones de reiteración del plan fiscal, luego que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, revisará las 373 presentadas por los diputados y eliminará tres de ellas.

De ahí que la fuerte oposición obrera y social al combo fiscal por un lado, expresada en las miles de manifestaciones y dos grandes marchas en los primeros 21 días del paro general, y por el otro la insistencia del Gobierno en impulsar su aprobación en el Legislativo podría desembocar en un conflicto social de imprevisibles consecuencias.

El Ejecutivo apuesta ahora a un desgaste de los sindicatos y a que las declaratorias de ilegalidad hagan desistir a los huelguistas de continuar en el paro, pero las agrupaciones obreras ya adelantaron que apelarán esos fallos, al igual que lo hará la Procuraduría General contra la hasta ahora única sentencia favorable a la huelga de las 11 conocidas hasta hoy.

Desde que inició el paro el 10 de septiembre anterior, el Ejecutivo, por medio del presidente Alvarado llamó a las entidades públicas a presentar demandas ante los tribunales para declarar ilegal el movimiento de huelga, acción que realizaron 32 instituciones.