Moscú, 5 oct (RHC) Holanda y Ucrania pretenden imponer nuevas sanciones unilaterales contra Rusia como castigo por supuestos ataques cibernéticos realizados por cuatro ciudadanos rusos, expulsados de ese estado europeo.

De acuerdo con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, de ninguna forma se puede excluir la introducción de nuevas restricciones contra Rusia, después que Ámsterdam se refirió a un supuesto espionaje de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ).

Rutte explicó que los presuntos espías cibernéticos rusos, acusados de recabar información en la OPAQ, con sede en la capital holandesa, no fueron arrestados porque contra ellos nunca se presentaron cargos judiciales, pues se trata de una investigación de órganos de seguridad.

Una publicación de los detalles del caso implica la aplicación por su gobierno de medidas de castigo. Además, con ello logramos que Moscú tenga menos éxito en ese tipo de operaciones en el futuro, aclaró el Primer Ministro, en medio del rechazo total por el Kremlin de esas acusaciones.

La Cancillería rusa acusó la víspera a Holanda de crear un nuevo caso de “falsa propaganda” al anunciar la expulsión de cuatro ciudadanos de este país por estar supuestamente involucrados en actividades de espionaje cibernético.

Moscú advirtió en varias ocasiones a Ámsterdam sobre el grave daño ocasionado a las relaciones bilaterales por las campañas antirrusas sobre espionaje, destaca un comunicado oficial de la Cancillería.

Mientras el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Pavel Klimkin, propuso una investigación de ciudadanos con doble ciudadanía, en especial, la compartida con Rusia, y hasta un castigo penal por esa causa.

Klimkin consideró que cualquier ucraniano con un pasaporte ruso debe ser analizado por los órganos de seguridad. La Constitución contempla una prohibición de la doble ciudadanía, pero sin proponer sanciones específicas contra esa práctica, recordó.

Además, el jefe de la diplomacia ucraniana, conocida por sus declaraciones radicales respecto a Rusia, propuso una prohibición para los viajes de nacionales al vecino país en busca de trabajo, al considerar que ello sería inseguro.

El canciller ucraniano comentó que lo ocurrido con la distribución de pasaportes húngaros entre los ucranianos residentes en la occidental región de Zakarpatia, en su momento territorio magiar, lleva a un debate sobre los castigos por esa práctica ilegal, apuntó.

Cientos de miles de ucranianos viajaron a Rusia en busca de trabajo ante los vaivenes de la economía nacional, cuyo gobierno acepta paulatinamente las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para recortes de gastos sociales y subida de tarifas.

Además, el auge del ultranacionalismo y del neofascismo llevó a que el gobierno conviviera con el boicot implantado por éstos últimos a la rebelde zona de Donbass, donde se extrae la mayor parte del carbón ucraniano, lo cual provocó el cierre de empresas y recortes de energía.

Las recomendaciones de Klimkin se registran, además, en medio de un clima de tensión entre Rusia y Ucrania, sobre todo, después que en febrero de 2014 la derecha asestó un golpe de estado en esta capital, con apoyo de paramilitares neofascistas.

Tal situación provocó la realización de un referendo de independencia en Crimea, en marzo del referido año, y la sublevación de los pobladores de Donetsk y Lugansk, a lo cual Kiev respondió con una operación de castigo, con saldo de más de 10 mil muertos, en su gran mayoría civiles.

Rusia rechazó el golpe de estado y apoyó la soberanía de la citada península y la causa de la población rebelde en Donbass, tras lo cual Occidente y Ucrania impusieron sanciones unilaterales contra el vecino país.