Managua, 15 oct (RHC) El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional rechazó categóricamente las irrespetuosas e injerencistas declaraciones del presidente Carlos Alvarado de Costa Rica sobre asuntos internos de Nicaragua y repudia la interferencia pretenciosa e insolente del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de ese país, publicados el fin de semana último.

En un documento dado a conocer en Managua se expresa que el Estado nicaragüense no es aficionado a enfrentamientos verbales o exhibicionismos mediáticos que otros utilizan como cortinas de humo con la pretensión de ocultar la profundidad y gravedad de problemas sociales o económicos propios.

Dice asimismo que, respetuoso del Derecho Internacional y de todas las Convenciones y Estatutos, el Gobierno de Nicaragua no interfiere en los asuntos internos de ningún país y no comenta ni pontifica sobre situaciones de otras naciones o acerca de las decisiones soberanas que los Estados toman en relación a sus problemas.

El comunicado recuerda asimismo a Costa Rica que Nicaragua nunca ha interferido en sus dificultades o crisis, como la que todavía se vive en esa nación hermana luego de más de un mes de protestas, huelgas y denuncias de distintos sectores sobre represión y brutalidad policial, que han producido heridos, muertos, pérdidas materiales y afectaciones serias a la economía costarricense.

Finalmente el Gobierno de Nicaragua hace suyo el llamado a la fraternidad y el respeto que como gobiernos y pueblos centroamericanos se deben.

Con anterioridad, el gobierno de Nicaragua reiteró su compromiso con la defensa, respeto y protección a los derechos humanos, laborales y constitucionales de todos los ciudadanos, al tiempo que mantiene una política de mejora en la materia.

Igualmente sostuvo que honra, de manera permanente, su compromiso internacional de adoptar medidas progresivas destinadas al fortalecimiento institucional en cuanto a promoción y protección de dicho derechos.

Esos postulados están contenidos en un extenso informe presentado este viernes en Managua, bajo el título de “Prácticas del Estado de Nicaragua en la defensa de los derechos humanos, seguridad ciudadana y derechos laborales en el período 2017 y avances 2018”.

El documento recoge que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió en 2017 un total de 11 denuncias relacionadas con las condiciones carcelarias, mientras en el primer semestre del año en curso acogió seis, para un total de 17 casos.

De ese total, el organismo independiente con personalidad jurídica propia y autonomía funcional administrativa emitió 17 resoluciones, de las cuales en dos casos se logró la restitución de los derechos señalados en las denuncias, al tiempo que en los restantes 15 no se constató vulneración alguna.

Asimismo, siempre según la fuente, en 2017 la PDDH recibió un total de 710 denuncias relacionadas con el derecho al debido proceso y 351 en el primer semestre de 2018, para un total de mil 061 denuncias.

En tanto, durante el pasado año se acogieron 187 denuncias en torno al derecho de acceso a la justicia y en el primer semestre del actual ejercicio 79, para un total de 266.

De esa manera el pormenorizado texto señala que en 2017 se recibieron 2043 denuncias y en los primeros seis meses de este año 1239, para un total general de tres mil 282 denuncias, de las cuales se lograron investigar 1070, siendo que en 260 se constató que hubo vulneración de derechos humanos.

El documento también asevera que se realizaron esfuerzos en la promoción y educación en materia de derechos humanos, llevándose a cabo 201 actividades formativas en 2017 y 94 de enero a julio de 2018, lo que arroja 295 procesos de capacitación a nivel nacional.

Respecto a la seguridad ciudadana, el informe detalla que con relación a los detenidos en celdas preventivas, a ingresar al sistema carcelario entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de septiembre de 2018, la Policía Nacional remitió 11 984 a los centros de detención; 10 858 hombres y 1126 mujeres.

A la fecha, se encuentran en celdas policiales 206 detenidos, que deberían estar en el Sistema Penitenciario Nacional, no obstante, 180 son investigados por otros delitos y 26 están bajo trámites administrativos para su traslado a centros penitenciarios.

En cuanto a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, el minucioso reporte indica que en el período referido se recibieron 5 429 denuncias.

Como resultado de las investigaciones fueron impuestas 567 bajas deshonrosas a miembros de ese cuerpo uniformado.

Por otro lado, del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto 2018, la Policía Nacional registró en el país 2173 denuncias por delitos de violación, violación agravada y abuso sexual, con una efectividad de 91,8 por ciento de casos esclarecidos.

En materia del derechos laborales, la fuente precisa que se atendieron 16 mil 945 trámites conciliatorios, de los cuales 13 679 concluyeron en actas de acuerdo entre las partes (trabajador, empleador), para un 81 por ciento de efectividad.