San José, 2 nov (RHC) La huelga general por tiempo indefinido contra el plan fiscal llega a 54 días en Costa Rica y la jornada está marcada por protestas regionales, marchas, cacerolazos y una concentración en la capital.

Desde el 10 de septiembre pasado, afiliados a agrupaciones obreras y sociales realizan un paro general de labores en rechazo al proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal, denominado combo fiscal por sus opositores, quienes aseguran que los nuevos impuestos y medidas afectarán sensiblemente a la clase trabajadora y los más pobres.

Por su parte, el gobierno defiende el paquete de medidas, al aseverar que resulta la única opción para poder llevar confianza a los inversionistas y evaluadoras de riesgo internacionales y la menos traumática salida para reducir el elevado déficit fiscal que tiene al país al borde de una crisis económica.

Sin embargo, algunos analistas locales estiman que las amenazas y predicciones catastróficas del Gobierno buscan presionar para la aprobación de la reforma fiscal, que está ahora en manos de los magistrados de la Sala Constitucional (IV), ante los cuales los diputados presentaron tres solicitudes de consulta sobre la forma y el procedimiento del proyecto legal.

Los magistrados anunciaron que no antes del 26 de este mes responderán esas consultas, y mientras el Gobierno espera que les de la razón para continuar el proceso de aprobación del plan fiscal en la Asamblea Legislativa, donde a recibió la sanción en el primero de dos debates necesarios.

De su lado, los sindicatos -encabezados por los del sector educativo que son los que lideran hoy la huelga, pues muchos otros llegaron a acuerdos con sus patronos y suspendieron el paro de laborales- esperan que los magistrados declaren inconstitucional la discusión del combo fiscal en el Congreso o, al menos, que requiere mayoría calificada (38 votos) para su aprobación.

Por lo pronto, los huelguistas continúan sus protestas en los lugares de residencia y exaltan que más de 50 de los 84 Consejos Municipales del país expresaron su oposición al plan fiscal, así como las objeciones presentadas por el Poder Judicial y las Universidades Públicas, entre otras entidades que fueron consultadas por ley.

Al concluir el primer debate, la presidenta del Congreso tico, Carolina Hidalgo, remitió el texto sancionado por 35 votos a favor y 22 en contras a las entidades correspondientes y, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, determinó que la reforma fiscal afecta el correcto desempeño del Poder Judicial, mientras las universidades públicas consideran que daña la autonomía universitaria.