Investiga gobierno mexicano desaparición de migrantes

بقلم: Nuria Barbosa León
2019-03-13 20:50:58

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Ciudad México, 13 mar (RHC) El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que en México hay más de 40 supuestos migrantes sin localizar, al sumar los 22 desaparecidos el jueves último mientras viajaban en un autobús en el estado de Tamaulipas.      

Admitió Encinas que las investigaciones prosiguen, pero es posible que los pasajeros del ómnibus hayan sido retenidos por un grupo de la delincuencia organizada, como parte del tráfico de personas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a las autoridades federales y de Tamaulipas implementar medidas cautelares para salvaguardar la integridad de los desaparecidos.

Con la del Congreso de Yucatán, se completó hoy la aprobación en las 32 legislaturas de México de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los diputados yucatecos aprobaron con 22 votos a favor y tres en contra el dictamen enviado por la Cámara de Diputados.

En su mensaje por los 100 días de su administración, el presidente destacó la creación de la Guardia Nacional para combatir al hampa y garantizar la seguridad pública en todo el país.

Este fue el tema más debatido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en las propuestas de reforma a la Carta Magna presentadas por el gobierno, debido a malas interpretaciones de que con la Guardia Nacional se militarizaba la lucha contra la violencia, pero en el curso de los debates la situación se fue aclarando.

Las partes en pugna cedieron, pues mientras la oposición aceptó una duración de cinco años para que los militares regresarán a los cuarteles una vez organizada la Guardia nacional, el gobierno accedió a que la dirección del nuevo cuerpo policial fuera civil y no castrense.

Para el gobierno la creación del nuevo instituto uniformado es vital porque se trata del instrumento que llevará a cabo la parte punitiva en la lucha contra la violencia y la alta criminalidad en el país que es, a su vez, hija de la corrupción y la impunidad.

 



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