Quito, 29 abr (RHC) La Policía Internacional (Interpol) rechazó un segundo pedido de emisión de difusión roja contra el expresidente Rafael Correa, por su presunto vínculo con la investigación del secuestro del político Fernando Balda.

La decisión se tomó a pesar de que el sistema judicial envió como elementos para revisión de la solicitud una declaratoria de prófugo y llamado a juicio para el exprimer mandatario, quien insiste en que el caso es parte de la trama de persecución política en su contra y que también tiene como blanco a otros exfuncionarios de su Gobierno (2007-2017).

Según volvió a constatar Interpol, no incluirá al ex jefe de Estado en la lista de personas a localizar y capturar, con fines de extradición, porque no hay causa que lo amerite.

Anteriormente, en diciembre pasado, la instancia ya había rechazado una acción similar, encabezada por la jueza Daniella Camacho.

En su cuenta en Twitter, el abogado Alejandro Vanegas expresó: 'INTERPOL vuelve a poner en su sitio a Administracion de Justicia politizada en el Ecuador!!!'

El jurista consideró que Rafael Correa es un perseguido político, y también lo son los dirigentes del Movimiento Revolución Ciudadana, liderado principalmente por exmiembros de su gabinete.

Por su parte, Eduardo Franco Loor, representante legal del exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple prisión por presunta asociación ilícita en el caso de corrupción de la empresa constructora brasileña Odebrecht, también se pronunció sobre la decisión.

'A nivel internacional CASO BALDA es visto en su real y auténtica dimensión: es una vil e inicua persecución política contra @MashiRafael que constituye una violación flagrante a sus derechos fundamentales. Interpol no interviene en asuntos políticos. Ese proceso es una FARSA', aseguró.

Las autoridades judiciales ecuatorianas y el propio Balda insisten en responsabilizar a Correa como presunto autor intelectual del plagio ocurrido en Bogotá, Colombia, en 2012, donde permanecía prófugo y pendiente de cumplir sentencia.

El caso ya fue debidamente investigado y juzgado en el territorio vecino, lo cual, para muchos, es indicativo de una clara judicialización de la política.
 

)Prensa Latina)