Lima, 7 may (RHC) Un fiscal pidió 20 años de cárcel para el expresidente peruano Ollanta Humala y 26 años y seis meses para su esposa, Nadine Heredia, al acusarlos de lavado de activos, tras más de cuatro años de polémica investigación.

El acusador, Germán Juárez, les atribuyó haber cometido el citado delito mediante una organización criminal, agravante para el que considera como imputado también al Partido Nacionalista, de los Humala, lo que rechazan diversas fuerzas políticas porque por su naturaleza, alegan, un partido no es una banda de delincuentes.

Según la acusación, Humala y Heredia incurrieron en lavado de activos al recibir tres millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral en la que el exmilitar ganó la presidencia por cinco años, en 2011.

El aporte fue confirmado a fiscales peruanos por el exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata, quien también confesó similares contribuciones a los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

El exejecutivo brasileño reveló también aportes electorales a políticos conservadores como Keiko Fujimori, en prisión preventiva desde hace más de seis meses, y la socialcristiana Lourdes Flores.

Barata delató además sobornos millonarios a García, quien se suicidó con un disparo en la cabeza el 17 de abril último para evitar ser detenido y juzgado por corrupción, y a Toledo, quien está prófugo y vive impune en Estados Unidos.

La acusación de Juárez contra los Humala-Heredia sostiene también que recibieron fondos de la minería ilegal, actividad considerada delictiva.

Los imputados niegan que recibieran dinero de Odebrecht, invocan contradicciones por parte de esa empresa al respecto, o de la minería ilegal, y alegan que, en todo caso, en 2006 no era delito el aporte de fondos para campañas electorales.

La acusación ocupa siete volúmenes con un total de mil 500 folios, recibidos por el juez Richard Concepción, el mismo que en julio de 2017 sometió a prisión preventiva hasta por tres años a Heredia y Humala, que pasaron encarcelados más de nueve meses, hasta que en abril de 2018 el tribunal constitucional anuló la medida.

El fiscal se enfoca en el presunto origen ilícito del dinero y en la presunción de que la pareja no podía ignorar esa procedencia y lo habría ocultado como si fueran pequeños aportes, como hicieron otros partidos, y también en acusaciones.

En el caso de Humala, las imputaciones incluyen manejos de fondos supuestamente ilícitos también en su campaña electoral de 2011, en la que fue derrotado por García en una segunda vuelta.

En la misma jornada en la que fue presentada la acusación, el juez Concepción rechazó un recurso del abogado de Humala, César Nakazaki, para anular parte de las evidencias que incriminan a su cliente y argumentó que fueron presentadas tardíamente, aunque el juez dictaminó que la solicitud de nulidad es extemporánea.