Brasilia, 15 may (RHC) La Cámara de Diputados de Brasil exigió al ministro de Educación, Abraham Weintraub, que explique al plenario acerca de la disminución del presupuesto para ese sector en el país sudamericano.

Según el portal de noticias G1, por tratarse de convocatoria, Weintraub está obligado a comparecer ante la Cámara, so pena de incurrir en un delito de responsabilidad. Tal solicitud fue aprobada por los parlamentarios 307 votos favorables y 82 contrarios.

El titular de Educación será escuchado en una 'comisión general' (sesión de debates en el plenario). Weintraub es el primer ministro del Gobierno de Jair Bolsonaro emplazado por una de las cámaras del Congreso.

Ante el anuncio de ajustes, más de 70 universidades confirmaron su adhesión a la huelga nacional de este miércoles y la realización de actos en las capitales de los 27 estados para rechazar el recorte de 30 por ciento de fondos a la educación superior.

Recientemente, Bolsonaro comunicó que Weintraub pretendía descentralizar las inversiones en las facultades de filosofía y sociología del país para enfocarlas en áreas que 'generen un retorno inmediato al contribuyente, como: veterinaria, ingeniería y medicina'.

Esa declaración resultó muy criticada por especialistas, entidades académicas, profesores y estudiantes que crearon una serie de peticiones para repudiar la decisión del gobierno.

Ante la repercusión negativa, el Ministerio de Educación retrocedió en su determinación de bloquear un 30 por ciento del presupuesto de tres universidades que, en su visión 'hacen alboroto'.

Los recortes presupuestarios ahora se extenderán a todas las universidades federales a partir del próximo semestre.

Mientras el Partido de los Trabajadores (PT) propone que el proyeccto sobre la cuestionada reforma de jubilaciones, sea cual sea el resultado de su tramitación en el Congreso, debe ser homologado en un referendo por el pueblo brasileño.

Tal iniciativa en ese sentido es defendida por la bancada del PT en la Cámara de Diputados que propone la realización del sufragio popular en el plazo máximo de tres meses después de la aprobación de la llamada Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 06/2019).

Según el líder de la bancada del PT en la Cámara, Paulo Pimienta, con el rechazo del pueblo brasileño la modificación en el régimen de retiro, defendida a ultranza por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, no entrará en vigor y será considerada impugnada.

'La PEC 06/19 cambia aspectos sensibles de la vida y futuro de las presentes y futuras generaciones de brasileños, de modo que el Congreso Nacional está deliberando sobre la propia subsistencia de las personas y familias', observó Pimienta.

El diputado Pedro Uczai (PT) calificó de esencial la celebración del referendo, pues lo que está en juego es el futuro del pueblo brasileño, que podrá ser 'sujeto o víctima de la reforma de la Previdencia (sistema de jubilación)'.

Para Uczai, la práctica de la consulta integra las democracias modernas para la implementación de medidas complejas, como la reforma del régimen de retiro.

'El tiempo entre la aprobación de la reforma, sea cual sea, y la realización del referendo es justamente el período para que la sociedad brasileña se informe sobre el tema, el cual impacta la vida de los retirados actuales y los que van a jubilarse; en fin, tiene un enorme impacto sobre el futuro de nuestros hijos y nietos', reflexionó el parlamentario.

La propuesta de la bancada del PT establece que el Tribunal Superior Electoral organice campañas de orientación del electorado nacional, de modo que sean contempladas todas las aclaraciones y consecuencias de la opción formulada.

Argumenta en defensa de su propuesta que investigaciones indican que la gran mayoría de la población brasileña no aprueba los cambios consubstanciados en la PEC 06/19.

Denuncia que la PEC tiene el objetivo central de exclusión de la seguridad social, destruyendo el modelo concebido en la Constitución de 1988.

'Tal sistema, basado ahora en el principio de la solidaridad social, será sustituido, para los entrantes, por un régimen de capitalización en que la jubilación queda vinculada a la capacidad de ahorro individual', refiere la bancada.

Alerta que 'su carácter profundamente excluyente se traduce también en la definición de nuevas exigencias en las reglas de acceso a la protección social, que no podrán ser atendidas plenamente por la mayoría de la clase trabajadora'.