Montevideo, 23 may (RHC) La Ley Orgánica Militar adoptada por Uruguay busca desterrar definitivamente el concepto de doctrina de seguridad nacional, que data del año 1974, incubado en la injerencista Escuela de las Américas de Estados Unidos.

El diputado del Movimiento e Participación Popular (MPP) del Frente Amplio, Carlos Rodríguez, introdujo el proyecto legislativo, votado hace unas horas con 55 afirmaciones de 90 integrantes de la Cámara presentes.

La proponente coalición gobernante contó con el apoyo de Unidad Popular, Partido Independiente y Partido de la Gente, y los votos en contra provinieron de los partidos Nacional y Colorado.

A tenor con la reforma el número de generales en el Ejército bajaría de 16 a 12, mientras, el de los coroneles de 195 a 135, los capitanes de navíos de 97 a 76, mientras en la Fuerza Aérea se sube un poco de 39 a 45.

El otro gran aspecto apunta a la eliminación de los tribunales de honor, vapuleados recientemente por incapaz de llevar a la justicia al represor de la dictadura José Gavazzo, y su reemplazo por otro órgano de Ética y Conducta Militar, de cuya reglamentación se ocupará el Poder Ejecutivo.

La nueva ley impulsa la profesionalización, modifica el sistema de ascenso en busca de transparencia y eficiencia, al tiempo que eleva a rango legal derechos para el personal militar.

Entre estos últimos incluye por primera vez los de licencia por enfermedad, por maternidad, paternidad, lactancia, estudio, matrimonio, con especial atención a la funcionaria aforada, resaltó el presentador, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

Al apoyarlo, el diputado socialista Roberto Chazzaro recordó que el fallecido exministro Jorge Menéndez fue el artífice del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “que impone a los militares respetar los derechos humanos y la obligación de desobedecer órdenes de mandos superiores que sean violatorias de los mismos”.

Los dos únicos opositores que intervinieron se centraron en una presunta animosidad ideológica del Frente Amplio hacia las fuerzas armadas, lo que refutó Gerardo Núñez, quien señaló que cada vez que se intentan transformaciones de fondo “aparecen discursos cargados de mentiras para colocar falsas contradicciones.

En este sentido el legislador frenteamplista Alejandro Zavala apuntó que la reformada ley “es de febrero del 74, es hija de la dictadura, ocho meses después que se disolvieran las cámaras, con las firmas de Echegoren, Bordaberry, Ravena, civiles que colaboraron con la dictadura”.