Montevideo, 23 may (RHC) El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino señaló que su país experimentó pérdidas económicas por 130 mil millones de dólares en los últimos tres años debido a la agresión de Estados Unidos y las medidas impuestas para derrocar la Revolución Bolivariana.

Añadió al respecto que el gobierno estadounidense dictó entre diciembre de 2014 y abril de 2019 una ley y siete decretos ejecutivos que castigan y penalizan la economía venezolana entre los cuales bloquean y confiscan activos financieros y prohíben negociación de deuda soberana y de la empresa petrolera PDVA.

El diplomático se refirió a hechos sin precedentes como la confiscación de activos de la empresa distribuidora de gasolina CITGO en el este de Estados Unidos y sanciones aplicadas al Banco Central del país suramericano. Para completar el esquema agresivo, bancos norteamericanos y europeos impiden operaciones financieras del gobierno de Venezuela por un total de 300 millones de dólares.

De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa la banca internacional bloqueó en 2017 el pago de nueve millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis, lo que afectó el tratamiento de 15 mil pacientes y en específico el banco suizo UBS retrasó los programas de vacunación a la población.

En resumen, cinco mil 470 millones de dólares de Venezuela se encuentran retenidos, congelados o confiscados al cierre del 30 de abril que representan recursos para comprar alimentos y medicinas, materia prima y equipo para la industria, incluida la del petróleo.

Chirino resaltó que las mencionadas medidas coercitivas conforman una estrategia sistemática y consciente de masiva violación de los derechos humanos del pueblo venezolano, catalogada por la ONU como delito de lesa humanidad.

Dijo que con ello se pretende asfixiar a la economía venezolana y derrocar al gobierno legítimamente elegido, y reiteró su disposición al diálogo interno dentro de los términos de la Constitución, sin injerencia y sin permitir el recurso a la violencia como se intentó por opositores en fecha reciente.

En este sentido llamó la atención de que el represente de un diputado venezolano se entrevistó hace poco con jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos, lo que demuestra los vínculos entre la oposición interna y la potencia intervencionista.

Mientras Rusia denunció las violaciones del derecho internacional en el allanamiento por la policía de Estados Unidos de la embajada venezolana en ese país, y los dobles estándares utilizados por Washington.

La vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova, consideró una burla a los principios del derecho internacional la entrada de policías norteamericanos en la sede diplomática venezolana, el pasado día 13.

En marzo de este año, la policía estadounidense ayudó a los 'diplomáticos' del presidente autodenominado Juan Guaido a apoderarse de los locales del Consulado General en Nueva York y del Adjunto Militar en Washington.

La Casa Blanca expulsó a la fuerza a activistas civiles en el edificio, presentes en la embajada con el consentimiento del gobierno venezolano, recordó la funcionaria rusa.

De acuerdo con la portavoz rusa, ello constituye una demostración flagrante de la negligencia del derecho internacional y los dobles estándares de las autoridades estadounidenses.

Las demandas presentadas al gobierno de Nicolás Maduro para detener la supuesta persecución política de los diputados de la Asamblea Nacional no resisten las críticas, subrayó la vocera de la Cancillería.

En primer lugar, este es otro ejemplo de interferencia en los asuntos internos, consideró Zajarova. Pero además, intentan presentar a cómplices del golpe de Estado como 'presos de conciencia y víctimas de la dictadura', denunció. En cualquier país civilizado, la participación en la insurrección armada es punible por la ley. ¿Por qué, en el caso de Venezuela, debería hacerse una excepción y abstenerse de investigar crímenes y castigar a los criminales?, se preguntó.