Tegucigalpa, 28 may (RHC) La única alternativa para acabar con las movilizaciones de maestros y médicos es la derogación de los decretos de emergencia, aseguró el presidente del Colegio Profesional de Superación Magisterial de Honduras, Roberto Tróchez.

El Gobierno señala que tiene la intención de dialogar, pero no habrá feliz término para esas negociaciones si la idea es eliminar las normativas en cuestión, aseguró Tróchez.

A pesar del ultimátum del ministro de Educación, Arnaldo Bueso, quien dijo sancionaría a los docentes que no vayan a las aulas, los manifestantes mantienen la medida de presión.

Como otras de las acciones, los trabajadores de ambas áreas realizan asambleas informativas sobre este tema que tiene en vilo a Honduras desde hace varias semanas.

El pasado 30 de abril, de los 128 congresistas, 119 votaron a favor de la eliminación de los decretos de Reestructuración y Transformación de la Educación y Salud, tras una fuerte batalla.

Sin embargo, aunque su eliminación significa una victoria, los manifestantes, dirigentes gremiales, entre otros, exigen su derogación definitiva.

Ayer, tal como anunciaron dirigentes gremiales de ambos sectores, se registraron masivas marchas en distintos puntos del país, a las que se unieron familias enteras y miembros de otros sectores, para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y la no privatización de la Salud y Educación.

El gobierno de Honduras, con Juan Orlando Hernández a la cabeza, encamina los fondos para educación, salud y servicios públicos, a la total privatización, base de protestas y continuos descontentos sociales, denunciaron hoy analistas.

De acuerdo con observadores, en las últimas tres semanas la represión ha estado a la orden día por las manifestaciones que han realizado maestros, médicos y estudiantes.

Esos sectores denuncian, entre otros elementos, que en el país existe mayor cantidad de armas que libros y medicinas, más batallones que hospitales y cárceles mejor equipadas que las escuelas y colegios.

“Y esa represión se está legalizando para evitar que la gente proteste”, consideró la coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), María Luisa Regalado.

Es lamentable que el Congreso Nacional, además de criminalizar la movilización, también apruebe decretos encaminados a privatizar la salud y la educación, refirió.

Asimismo aseguró que de forma paralela el Congreso disminuye las penas para los delitos por violencia doméstica, el narcotráfico y demás crimen organizado.

Para la profesora Patricia Murillo, las autoridades tratan de enraizarse usando acciones legales o de intimidación, interviniendo las comunicaciones, ocultando la verdad, omitiendo opiniones y buscando perfeccionar un esquema único del pensamiento, “de que todo está bien y que vivimos una vida mejor”.

Con el objetivo de mantener la masa humana adormecida, el régimen ha instaurado una represión con una sociedad vigilada y con un riesgo que va desde perder un trabajo hasta la vida, indicó Murillo.

Según los expertos, ante la convocatoria a una semana de protestas entre el 27 y 31 de mayo por los colegios magisteriales y los médicos, la virulencia con que se aborda el derecho a la protesta por parte del Gobierno, se avizora mucha represión contra los manifestantes.