Puerto Príncipe, 7 jun (RHC) A pesar de haberse convocado a una huelga para el domingo, en la capital de Haití varios grupos han iniciado movilizaciones contra la corrupción gubernamental y el pedido de dimisión para el presidente.

En el centro de la ciudad los estudiantes de la facultad de Etnología de la Universidad Estatal ganaron nuevamente las calles este viernes, después de varios días de movilizaciones.

Arterias de la zona metropolitana permanecen con barricadas de neumáticos encendidos y algunos puntos fueron escenarios de enfrentamientos con la policía.

También en instituciones estatales, como el Ministerio de Educación y la Dirección General de Impuestos, se registraron protestas de los empleados que demandan el pago de varios meses de salarios atrasados, así como la mejora de las condiciones laborales.

Las manifestaciones provocaron el cierre de algunos pequeños negocios, y el tenso clima afecta el tráfico peatonal y automovilístico, en una ciudad que posee un número elevado de vehículos en comparación con las infraestructuras viales.

Asimismo, en varios mercados comienzan a aglomerarse consumidores para abastecerse de agua y otros insumos, previendo una paralización general de las actividades como sucedió en febrero pasado, luego de la manifestación antigubernamental.

“Lo que más me preocupa es que no puedan abrir las escuelas la próxima semana por las protestas”, dijo a Prensa Latina una joven, mientras agarraba a su hijo de unos cinco años vestido con su uniforme escolar.

En febrero pasado tras las manifestaciones antigubernamentales organizadas por la oposición, las principales actividades de la capital se paralizaron en medio de la operación Peyi Lok, que bloqueó los accesos a la mayor ciudad del país y dejó sin suministros a muchos hospitales.

Además, de acuerdo con expertos, las pérdidas del Estado sobrepasaron los 50 millones de dólares, solo por concepto de ingresos aduaneros y fiscales.

Ahora, tras las críticas por la supuesta participación del presidente Jovenel Moise en el esquema de malversación de fondos públicos, una de las principales denuncias de sectores opositores y otras organizaciones sociales, también subyace el aumento de la pobreza que experimentan muchos habitantes y la reducción de su poder adquisitivo.

La depreciación de la moneda nacional, el incremento del costo de vida y la escasa generación de empleo echan más leña al fuego del descontento popular y pueden generar una nueva inestabilidad social.