Lima, 18 jul (RHC) Mineros peruanos mantienen la huelga general contra el proyecto minero Tía María, por cuarto día consecutivo y ya alcanzó la provincia peruana de Islay, y no se avizora diálogos ni acuerdos.

Mientras en Islay se reptían las marchas y bloqueos de carretera como repudio al proyecto cuprífero de la transnacional Southern, el presidente Martín Vizcarra aseguró que las obras de Tía María no se ejecutarán mientras continúe la resistencia social al proyecto.

Las autoridades municipales y dirigentes sociales del Valle del Tambo, dentro del área de influencia de Tía María, iniciaron la paralización, de cumplimiento masivo, como reacción ante el otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto.

El mandatario insistió en pedir diálogo a las autoridades de Islay y dijo que las duras críticas que le lanzó el gobernador de región de Arequipa -de la que forma parte Islay-, Elmer Cáceres, por la licencia a Tía María, de ninguna manera motive una ruptura.

Aseguró que su Gobierno quiere seguir impulsando con obras públicas el desarrollo de Islay y de Arequipa, sin condicionarlas a que la población apruebe el proyecto Tía María y señaló que con responsabilidad y tranquilidad, cualquier problema será resuelto.

El viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, dijo a su vez que el Estado garantiza absolutamente que la construcción no se iniciará “hasta que haya aceptación social” y señaló que no se va a permitir que la agricultura del valle sea afectada por Tía María.

Sin embargo, la población de la zona no confía en la empresa Southern por sus antecedentes negativos y el daño al ambiente causado en las cercanas regiones de Tacna y Moquegua, donde también hay reclamos sociales por ese motivo.

El gobernador Cáceres dijo a su vez que el diálogo solo podrá darse si se anula la licencia de construcción, pues esta debio otorgarse después de tratar con la población, y advirtió que la huelga tiende a extenderse a todo Arequipa y a otras regiones del sur del país, conocido por su combatividad.

Advirtió que, si el actual conflicto se radicalizara y hubiera muertos, como ocurrió en protestas contra Tía María en 2011 y 2015, Vizcarra será el responsable y el gobernador pedirá al parlamento su vacancia (destitución) “por incapacidad moral”.

En una conferencia de prensa, Cáceres confirmó la presentación de recursos judiciales contra el conflictivo proyecto y señaló que está dispuesto a apelar a instancias internacionales.