Tegucigalpa, 18 jul (RHC) Miles de manifestantes de Honduras protestaron en Tegucigalpa, la capital, en rechazo al nuevo decreto de recorte de gastos estatales impuesto por el FMI - Fondo Monetario Internacional.

El precepto, publicado la semana anterior en la Gaceta oficial, orienta la rebaja de más de 242 millones de dólares, en la administración central.

La medida Ejecutiva forma parte de las acciones comprendidas en el acuerdo firmado por el país centroamericano con el FMI para contener el gasto corriente y ofrece acceso a un crédito por 311 millones de dólares.

El acuerdo comprende la restricción en la creación de nuevas plazas de trabajo durante 2019, de la contratación de personal permanente y nuevos puestos, la reducción del saldo presupuestario destinado a servicios técnicos y profesionales, entre otras que afectan directamente al pueblo hondureño.

En declaraciones al diario Sputnik News el economista y expresidente del Banco Central de Honduras Hugo Noé Pino advirtió que “el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es más de lo mismo y solamente beneficia a aquellos actores de las élites económicas que se han venido beneficiando de este modelo, en donde la política económica sirve únicamente a los sectores más poderosos”.

Otro punto importante en el acuerdo publicado menciona la creación de un espacio en inversión y gasto social, cuando este ha ido disminuyendo en los últimos años, señaló el economista. En tanto, lo que ha aumentado es “el gasto en asistencia social de programas presidencialistas”.

'Hablan de fortalecer la gobernanza, mejorando el ambiente de negocios y uno se pregunta cómo va a mejorar el ambiente de negocios cuando no hay una concentración de poder, no hay seguridad jurídica, no hay capacitación de la mano de obra, no hay una infraestructura adecuada', declaró el experto.

Pino explicó que el decreto autoriza a realizar despidos generales injustificados en la reestructuración de los sectores de salud y educación.

'Ello tiene su origen en una política de Gobierno, reflejada en una ley anterior en el campo de la salud, la ley marco de protección social, que es la búsqueda de privatización de los servicios de salud; buscando que la secretaría quede como un ente regulador y traspasar el servicio a ONG o al sector privado', señaló el economista.

Con la salida del nuevo decreto, de conjunto con la firma del acuerdo con el FMI detonó una nueva ola de protestas en país ya en crisis, con altos niveles de desempleo y subempleo, que tocan al 60 por ciento de la población en condiciones precarias y demandas urgentes en los sistemas de salud y educativo.