Caracas, 26 jul (RHC)) El Tribunal Supremo de Justicia, rechazó por su ''nulidad absoluta y carente de efectos jurídicos'' la designación de una junta directiva del Banco Central de Venezuela por la Asamblea Nacional -parlamento en desacato-.
La Sala Constitucional de la máxima instancia judicial en Caracas, ratificó la ilegalidad del Acuerdo sobre la Designación del Directorio
Ad-Hoc del Banco Central de Venezuela, dictado el pasado 16 de julio por el ente legislativo de mayoría opositora.
Asimismo, emitió el Acuerdo de rechazo a la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente de la principal institución financiera del país, emitida por el órgano parlamentario el 26 de junio de 2018.
La decisión del órgano judicial estableció además que quienes resulten designados y/o acepten esos cargos incurrirán en usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico penal venezolano relativos a corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros.
Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el más reciente paquete de sanciones implementado por Estados Unidos para torpedear los programas de protección social del Gobierno bolivariano en el ámbito alimentario.
Desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo), el mandatario subrayó que las nuevas medidas unilaterales aplicadas contra personas y entidades vinculadas a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) “denotan el desespero” de Washington ante el fracaso de su política injerencista.
“A los señores del imperio les digo que ni con un millón de sanciones detendrán los Clap”, aseveró el jefe de Estado al ratificar la voluntad de las autoridades de defender este programa dirigido a garantizar la distribución de alimentos a precios accesibles a más de seis millones de familias venezolanas.
Maduro subrayó que esta iniciativa constituye una conquista del pueblo, un derecho que debe fortalecerse de manera paulatina a través del incremento de la producción nacional a corto, mediano y largo plazo.
Durante la jornada de trabajo, el presidente de Venezuela supervisó la inauguración del segundo centro de empaquetado de los CLAP en el estado de Portuguesa, así como el reimpulso de diversas iniciativas productivas en la rama agropecuaria en las demarcaciones de Carabobo y Guárico.
El Gobierno venezolano denunció este jueves la reiterada agresión del Gobierno de Estados Unidos tras el anuncio de nuevas sanciones dirigidas “a privar al pueblo (…) de su derecho a la alimentación”.
En un comunicado emitido por la Cancillería, el Ejecutivo bolivariano recordó que la administración estadounidense de Donald Trump ha bloqueado transacciones bancarias, compras de alimentos y medicamentos, con el fin de forzar un cambio político por vías inconstitucionales.
“Tales prácticas sólo pueden calificarse como terrorismo económico y cuentan con el rechazo de la comunidad internacional, ante la notable violación a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y otras normativas del derecho internacional”, subrayó el documento.
La persistente hostilidad de la Casa Blanca contra la nación sudamericana tuvo una nueva evidencia con la sanción a 10 individuos y 13 entidades en varios países.
Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro agregó a su unilateral lista de castigados al empresario colombiano Alex Saab Morán y sus hijos Isham Alí y Shadi Naím, junto con sus compatriotas Álvaro Pulido y Emmanuel Rubio.
Según un comunicado de la entidad federal, Saab es un aprovechador que orquestó una vasta red de corrupción la cual ha permitido a la administración de Maduro beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela.
Asimismo, fueron sancionados Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, a quienes, presuntamente, Saab entregó dinero a cambio de acceder a contratos con el Gobierno venezolano, incluido su programa de subsidios alimentarios.
