Bogotá, 9 ago (RHC) Congresistas de Colombia exigieron implementar el Acuerdo de Paz negociado en La Habana y firmado en el 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP.  

Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional y presidente de la Comisión de Paz del Senado, afirmó que cumplirle a ese pacto es invertir en los departamentos más lastimados por el conflicto.

Mientras, Angélica Lozano, senadora por el Partido Alianza Verde, señaló que el 57 por ciento de las normas indispensables para implementar el Acuerdo, no se han presentado.
            
En tanto, Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo, remarcó que hay varios aspectos fundamentales del segundo punto del Acuerdo no llevados a la práctica.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró emergencia humanitaria por la muerte de 158 nativos desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.

Nos vemos en la obligación ética y política de declarar la situación de emergencia humanitaria, social y económica en todos los pueblos indígenas de este país, informó en conferencia de prensa en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La situación humanitaria y la estrategia de despojo territorial en la que viven nuestros pueblos originarios, no da espera. Estamos enfrentados a un genocidio físico y cultural, aseveró.

Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, hizo un llamado para que “los organismos del Estado presten atención al genocidio que hoy sufren los pueblos originarios”.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 750 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, 158 de ellos pertenecían a los pueblos indígenas. Durante el año transcurrido de la llegada al poder del presidente Iván Duque, 94 miembros de esas comunidades fueron ultimados, apuntó la ONIC.

En Colombia existen 102 pueblos ancestrales y ocho en aislamiento voluntario, 70 de los 102 están en grave riesgo de exterminio físico y cultural, 31 en riesgo de extinción, 39 en inminente exterminio físico y cultural, según Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.

Sin los pueblos indígenas, perdemos el saber y sentido de la relación con la Madre Tierra, la Memoria, las Raíces, el Futuro de todos, enfatizaron las autoridades originarias.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, organización pionera del Movimiento Indígena en Latinoamérica, también denunció recientemente el incremento de los asesinatos, amenazas, señalamientos y persecuciones contra quienes construyen la paz en Colombia.

Comunicamos a la comunidad nacional e internacional las continuas y sistemáticas amenazas en contra de quienes le apuestan a la paz, de las que vienen siendo objeto las autoridades y la guardia nativa en el norte del Cauca al igual que las comunidades campesinas, quienes buscan el buen vivir para la sociedad, enfatizó.

Diversas voces coinciden en asegurar que los miembros de las comunidades nativas son víctimas frecuentes de la violencia en este país.

Desde el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social, se afirmó que “en Colombia hay una masacre sistemática de líderes sociales”.

En las comunidades indígenas lo estamos padeciendo, así como los campesinos, las comunidades afro, los sindicalistas, los que defiende el medio ambiente, el territorio, detallaron sus representantes.

Uno de los incidentes más recientes al respecto ocurrió a principios de este mes: el asesinato del guardia indígena Gersain Yatacue en el norte del Cauca (oeste).

Los hechos ocurrieron cuando Yatacue -quien se desempeñaba como coordinador de la guardia de la vereda San Julián- se dirigía a su lugar de origen y fue abordado y asesinado por hombres desconocidos.

Unido a ello, en las últimas horas medios locales de prensa informaron que enfrentamientos en una zona rural de Antioquia entre grupos armados que actúan al margen de la ley, provocaron la muerte de tres personas.

Uno de los fallecidos es Luis Alberto Jumí, un nativo de 16 años.

La Organización Indígena de Antioquia rechazó el asesinato de Jumí y lamentó que nuevamente los integrantes de esa comunidad sean víctimas de la disputa armada en los territorios alejados y con poca presencia de la fuerza pública.