Lima, 14 ago (RHC) Un tribunal sentenció a seis años de cárcel al gobernador de la región surandina de Puno, Walter Aduviri, por haber dirigido una protesta popular contra un proyecto minero, siete años antes de asumir el cargo.

La corte de la capital regional del mismo nombre, lo sentenció por el delito contra la tranquilidad pública, cargo que en una instancia judicial previa había sido descartado antes de jurar como gobernador, cuyo puesto ganó con una alta votación.

La sentencia le exige además el pago de dos millones de soles (más de 600 mil dólares) como reparación civil al Estado, por las protestas registradas en mayo de 2011 contra un proyecto de explotación de oro cerca de la frontera con Bolivia, que ponía en riesgo de contaminación a tierras de comunidades aymaras.

La protesta llegó a su clímax cuando los nativos entraron a la ciudad de Puno y se desataron desórdenes en los que fueron incendiados las oficinas de la gobernación y la Contraloría y los almacenes de la aduana.

Ante la magnitud de las protestas y la imposibilidad de terminarlas con la represión, el gobierno de entonces, del neoliberal Alan García, a pocas semanas de culminar su mandato, canceló el proyecto minerio de la empresa Bear Creek de Canadá.

El líder idígena fue condenado por los disturbios, en ausencia, pues para no ser detenido pasó a la clandestinidad, desde la cual presentó su candidatura a la gobernación y fue electo por amplia mayoría, tras lo cual el fallo en su contra fue anulado por irregularidades y pudo asumir como gobernador sin problemas.

Sin embargo, un nuevo proceso entró en su fase culminante el mes pasado y el poder judicial ordenó la detención preventiva de Aduviri, quien volvió a la clandestinidad.

Al condenarlo, la corte ordenó su búsqueda y detención.

Ante lo sucedido, los parlamentarios progresistas Marco Arana y Oracio Pacori coincidieron en calificar la condena a Aduviri de un grave caso de criminalización de las protestas sociales.

La mayoría de los conflictos sociales registrados en Perú son de carácter socioambiental, es decir producto de la imposición de actividades extractivas que la población afectada rechaza por el peligro de contaminación o los escasos beneficios que traen.