Lima, 20 ago (RHC) El gobernador indígena de la región peruana de Puno, Walter Aduviri, rechazó  desde la clandestinidad la ilegalidad de una condena de cárcel que le aplicó un tribunal por encabezar hace ocho años una protesta popular.

El dirigente de las comunidades aymaras ubicadas cerca de la frontera con Bolivia, se mantiene oculto desde que la semana pasada fue sentenciado a seis años de prisión como su puesto coautor de hechos de violencia registrados en mayo de 2011 en la ciudad de Puno, capital regional.

En declaraciones a una radioemisora, Aduviri dijo que apelará contra la condena en instancias nacionales y, de ser necesario también internacionales, y señaló que no hay pruebas que lo inculpen, más allá de testimonios no verificados.

Añadió que los jueces lo condenaron apoyados en versiones periodícticas e informes sesgados de los servicios de inteligencia que fueron preparados por el gobierno de la época, del neoliberal Alan García.

“No hay registro en donde ordeno a un tercero y ese ejecuta el delito”, señaló Aduviri, acusado de los disturbios en los que fueron incendiados las oficinas de la gobernación y otros edificios estatales de la ciudad ubicada en las orillas del Lago Titicaca.

La condena judicial fue repudiada ayer con un paro general que incluyó el bloqueo de los accesos a la ciudad de Puno y los activistas denunciaron que Aduviri es víctima de una política que criminaliza las protestas sociales.

“A los pobres lo único que nos queda es la protesta, porque para los ricos está la coima (soborno) y esa forma de hacer política es la que quiere preso a Aduviri, pero no lo vamos a aceptar y Aduviri no ira a la cárcel de ninguna manera”, dijo durante la protesta Nélida Humpiri la dirigente de la provincia puneña de Zepita.

El líder indígena, simpatizante del presidente boliviano, Evo Morales, ha recibido también el apoyo de los gobernadores de las regiones del sur peruano, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Ica, Apurímac y Tacna.

El gobernador de Tacna, Juan Tonconi Quispe, dijo que el pueblo ha elegido a Aduviri y el poder judicial no puede desconocer la democracia, y el de Moquegua, Zenón Cuevas, dijo que encarcelar a su colega puneño sentaría un mal precedente.

Cuevas denunció la judicialización y criminalización de las protestas sociales e hizo extensiva su solidaridad al gobernador progresista de la región centroandina de Junín, Vladimir Cerrón, condenado a prisión por una supuesta irregularidad administrativa.