Tegucigalpa, 30 ago (RHC) Ambientalistas, políticos y líderes sociales de Honduras se suman a la campaña contra un proyecto de construcción de viviendas que amenaza la reserva natural de La Tigra, en el norte de Tegucigalpa.

En la campaña, que tiene como plataforma las redes sociales, se exige al acalde del municipio Francisco Morazán, donde se  ubica el paisaje natural, que anule los permisos de construcción del denominado Residencial Bosques de Santa María.

Los activistas denuncian que con la obra, se destruiría al menos 20 por ciento de la fuente de agua que suple a diario la población de esa área natural, de 329 kilómetros cuadrados, conocida como los pulmones de la capital, donde se refugia una extensa fauna y flora.

También calificaron de crimen la maniobra gubernamental y llamaron al gobierno a reforestar y no destruir en una zona de casi 500 hectáreas, de las que más de 100 son parte del Parque Nacional.

Hace varios días se conoció del asesinato de un ambientalista hondureño a manos de los pistoleros por defender un río donde se planea construir una represa en el Caribe.

Roberto Antonio Argueta, de 45 años, fue asesinado a tiros el miércoles en la zona del Aguán, unos 300 km al noreste de Tegucigalpa, 'en una muestra más del riesgo que tienen los defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos' en Honduras.

La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva explicó que Argueta se había convertido en colaborador del movimiento defensor del río Guapinol, en la zona del Aguán, departamento de Colón, contra una empresa que pretende construir una represa hidroléctrica.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) en Tegucigalpa lamentó en Twitter la muerte de Argueta, 'criminalizado por defender las aguas del río San Pedro y Guapinol'.

También el Ministerio de Derechos Humanos condenó en un comunicado la muerte de Argueta y solicitó a las autoridades investigar el crimen.

En marzo del 2016 fue asesinada la emblemática ambientalista Berta Cáceres, por oponerse a la construcción de una represa en el oeste de Honduras. Siete personas fueron condenadas, algunos de ellas empleados de una compañía que pretendía construir la hidroeléctrica.