Tegucigalpa, 25 sep (RHC) La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida de Honduras dictaminó el vínculo entre David Castillo, expresidente de la Empresa Desarrollos Energéticos ESE A, y los implicados en el asesinato de la líder ambientalista Bertha Cáceres.

En un dictamen pericial de teléfonos, labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas, se vinculó el cruce de llamadas y mensajes entre Castillo y el exmilitar Geovanny Bustillo, ambos acusados del crimen contra Bertha Cáceres.

Igualmente, se demostró la implicación de los dos en el plan contra la también fundadora y líder de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y cómo recibieron el pago de más de 20 000 dólares por el crimen.
           
No obstante, luego de casi tres años, el caso todavía continúa abierto y aún se trabaja en identificar a otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos hondureña.

Los medios de prensa alternativos de ese país centroamericano han denunciado la criminalización contra los defensores de la tierra, el medio ambiente y los bienes naturales comunes.

Un artículo del diario Criterio revela ejemplos de la represión que sufren los ambientalistas del país por parte de la policía y el gobierno tales como el arresto de María Concepción Hernández, de 52 años, defensora de la tierra y playas de Zacate Grande, en el golfo de Fonseca.

En la actualidad en Honduras más de 300 000 familias campesinas no tienen acceso a tierras para cultivar y alrededor de cinco mil ambientalistas son tratados como criminales, entre ellos, unas 800 mujeres, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos del país citadas por la publicación.

Además, en la última década al menos 40 defensores, en su mayoría integrantes de la Asociación para el desarrollo de la península de Zacate Grande, fueron llevados a los Tribunales de Justicia.

En julio último, en la ciudad de Choluteca, 147 kilómetros al sur de esta capital, durante un foro público Hernández denunció las constantes violaciones de los derechos humanos contra ella, desde ataques de particulares hasta persecución judicial.

Con su detención, Hernández pasa a ser una de las tantas campesinas defensoras amenazadas en este país, considerado por diversas organizaciones entre los más peligrosos para defensores de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente.