Quito, 3 oct (RHC) La bancada de la Revolución Ciudadana instó este jueves a una sesión extraordinaria del legislativo de Ecuador para analizar la situación del país, donde se desarrollan numerosas protestas contra el gobierno.

El pronunciamiento de la formación política, realizado desde sede del Parlamento, sucedió a la declaratoria de estado de excepción nacional, decretado por el presidente Lenín Moreno, tras el paro nacional efectuado esta jornada en varias ciudades de la nación andina.

'Esta asamblea tiene la atribución de revisar el estado de excepción', afirmó la legisladora Gabriela Rivadeneira.

Asimismo, añadió que el organismo también tiene que determinar el incumplimiento de funciones del jefe de Estado y avanzar hacia la destitución del primer mandatario.

Según advirtió, es necesario que la instancia se haga eco de los pedidos de la población, relacionados con la realización de sufragios presidenciales y parlamentarios adelantados, lo cual constituye un derecho constitucional.

'Si esta asamblea y el gobierno no están a la altura del pueblo ecuatoriano, entonces todos a poner nuestras renuncias y a provocar un adelanto de elecciones en este país', enfatizó.

A juicio de los integrantes de la agrupación política, esas medidas son la única vía de sobreponer la crisis política y conmoción social que ha vivido Ecuador en las últimas horas.

Sesión extraordinaria y comicios adelantados, fue finalmente el llamado reiterado de Rivadeneira, para restituir el estado de derecho y la democracia.

La posición de la Revolución Ciudadana, sumada al paro transportista protagonizado por taxistas, choferes de ómnibus urbanos, de vehículos pesados y escolares, así como a las movilizaciones de estudiantes universitarios y pueblo en general, son resultado de un paquete de medidas tributarias y laborales recién presentado por el primer mandatario.

El plan, con decisiones convertidas en decretos y propuestas que deberá analizar la Asamblea Nacional, comprende medidas consideradas como un paquetazo por numerosos sectores sociales.

Entre las más perjudiciales, resalta la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel, que entró en vigor desde la medianoche, tras un decreto ejecutivo.

Otras también afectan a los trabajadores pues comprenden reducir en 20 por ciento el salario por los contratos ocasionales renovados y disminuir de 30 a 15 el período vacacional de los empleados públicos.

Aportar un día de salario al mes, para el caso de quienes laboran en empresas públicas, se sumó a las propuestas rechazadas, que restaron importancia al anuncio de mantener invariable el Impuesto al valor Agregado, fijado ahora en 12 por ciento, el cual se rumoraba, subiría hasta el 15. (Fuente: PL).