Quito, 5 oct (RHC) Numerosas protestas marcaron la semana en Ecuador debido a un nuevo paquete de medidas económicas, anunciadas por el gobierno nacional y con impacto negativo en los sectores de menos ingresos.

Las reformas tributarias y laborales, algunas de las cuales entraron en vigencia de inmediato mediante decreto presidencial, generaron descontento entre trabajadores, pueblos y nacionalidades indígenas y estudiantes, quienes las consideran como un paquetazo.

La eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel, que entró en vigor el pasado jueves 2 de octubre, fue el principal detonante de las protestas, iniciadas con un paro transportista esa misma jornada.

Taxistas, choferes de transporte pesado, de ómnibus escolares y públicos se unieron a la suspensión de actividades en demanda de la derogación de la medida, mientras miles de personas en representación de diversos sectores de la sociedad salieron a las calles en movilizaciones contra el Ejecutivo, al que tildan de neoliberal y sujeto a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La situación se tornó tensa debido a episodios de represión policial contra los movilizados e incluso periodistas y camarógrafos que informaban sobre la situación nacional, hechos condenados por instituciones de estado como la Defensoría del Pueblo.

Mientras, en ciudades como Guayaquil, también se registraron atracos a comercios y otros actos delictivos.

Debido a la gravedad de la situación, desde el 3 de octubre rige en todo el territorio nacional un estado de excepción, que estará vigente por 60 días.

Las medidas adoptadas por el ejecutivo comprenden reducir en 20 por ciento el salario para los contratos ocasionales renovados, disminuir de 30 a 15 días el período vacacional de empleados públicos y el aporte del estipendio correspondiente a una jornada laboral mensual, entre otras.

Para muchos, la decisión del gobierno guarda relación con los requisitos impuestos por el FMI a cambio de un préstamo millonario, que según la administración nacional, servirá para reactivar la economía.

De su lado, el ejecutivo insiste en que el pueblo debe comprender las decisiones tomadas, las cuales han sido difíciles, pero necesarias, ante el endeudamiento existente.

En el caso de los transportistas, el paro se extendió hasta la víspera, cuando tras conversaciones con ministro de estado, decidieron deponerlo y entregar sus demandas por escritos, en espera de soluciones.

La determinación la tomaron directivos del gremio luego de que del mandatario, Lenín Moreno, mostró disposición de dialogar a fin de buscar paliativos o incentivos para los afectados por la liberación del precio de los combustibles.

Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas y organizaciones de estudiantes universitarios, entre otros, se mantienen firmes en sus demandas y anunciaron la continuidad por tiempo indefinido de las protestas.

En varias ciudades hay convocatorias de protestas durante los próximos cuatro días, que serán el preámbulo de una huelga nacional, anunciada para el miércoles 9 de octubre. (Fuente: PL)