Brasilia, 8 oct (RHC) Los frentes Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular convocaron a un gran acto el domingo en Sao Paulo para exigir la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los organizadores del evento 'Justicia para Lula' informaron que la manifestación tiene como objetivo denunciar los crímenes y la lawfare (guerra jurídica) que sacó al exdirigente obrero de las elecciones de 2018 y lo convirtió en un prisionero político, refiere Prensa Latina.

Según una nota publicada en la página oficial del Partido de los Trabajadores, después que las denuncias de la Vaza Jato (filtraciones que ponen en duda la imparcialidad de la operación anticorrupción Lava Jato) sacara a la luz estos hechos, el exjuez Sérgio Moro y los fiscales del grupo de trabajo en la sureña ciudad de Curitiba 'sufrieron numerosas derrotas e intentaron un golpe final contra el expresidente'.

El texto señala que el exsindicalista no cayó en la trampa del grupo de Curitiba y dijo que no aceptaba nunca 'negociar sus derechos y su libertad'.

De acuerdo con el escrito, Moro y el fiscal Deltan Dallagnol (coordinador de la Lava Jato) 'montaron una farsa para condenar a Lula y, en consecuencia, causaron daños irreparables, incluyendo el cierre de miles de puestos de trabajo en las empresas que formaban parte de la operación'.

Varios materiales de Vaza Jato publicados por el sitio digital The Intercept y diferentes medios de comunicación demuestran que el exprimer mandatario no tuvo un juicio justo, apunta la convocatoria.

La semana pasada, el expresidente desestimó salir de la cárcel en un régimen semiabierto y señaló que los fiscales de la Lava Jato deberían ofrecer disculpas al pueblo brasileño, 'a los millones de desempleados y a mi familia, por el mal que le hicieron a la democracia, a la justicia y al país'.

Reconoció que tiene plena conciencia de sus decisiones y no descansará hasta que la verdad y la justicia vuelvan a prevalecer.

'No cambiaré mi dignidad por mi libertad', subrayó Lula, quien cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una pena de ocho años y 10 meses de prisión por presuntos actos de corrupción y blanqueo de capitales, acusaciones que niega en todo momento.

(Prensa Latina)