Santiago de Chile, 22 oct (RHC) La diputada por el Partido Humanista (PH) Pamela Jiles propuso en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, realizar un proceso judicial al presidente Sebastián Piñera por la represión desatada en las protestas del fin de semana último.

En una sesión del ente legislativo, la parlamentaria responsabilizó al mandatario por las muertes de 15 personas a manos de militares durante la represión desatada por orden del Ejecutivo contra el estallido social, consecuencia de décadas de aplicación de políticas neoliberales.

Jiles subrayó que el estado de emergencia declarado por el jefe de Gobierno no autoriza a atentar contra la vida de los conciudadanos, por lo que consideró razonable plantear la posibilidad de acusar constitucionalmente a Piñera ante la Comisión de Derechos Humanos.

La acusación constitucional es una herramienta exclusiva de la Cámara de Diputados y, en caso de pretender aplicarla en contra de un jefe de Estado, solo son necesarias 10 firmas, explicó el diario BiobioChile en su edición digital.

También la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) repudió enérgicamente los hechos de violencia institucional y represión que transcurren en Chile y han costado la muerte de 15 personas.

A través de una nota de prensa a la cual tuvo acceso Prensa Latina, ese ente regional expresó: “La Copppal está comprometida con democracias que respetan la participación popular, la seguridad jurídica, la participación política y a las disidencias”.

El uso desmedido de la fuerza ejercida por el gobierno chileno atenta gravemente contra los derechos y el ejercicio pleno de la ciudadanía, agregó.

Asimismo, la Conferencia exigió el cese de la violencia y el respeto por las garantías constitucionales de los ciudadanos en esa nación suramericana.

El aumento del precio del Metro de Santiago desató desde el 6 de octubre una oleada de protestas que con el paso de los días despertó la incomodidad de la ciudadanía ante las altas tarifas de otros servicios públicos, el nulo reparto del sistema de pensiones y las deficiencias en la salud pública.