La Paz, 1 nov (RHC) El presidente de Bolivia, Evo Morales, reclamó hoy a la oposición presentar pruebas del presunto fraude ante la comisión que realiza la auditoria internacional a los comicios del 20 de octubre.

“Ahora que presenten pruebas de fraude a la Organización de Estados Americanos (OEA), eso queremos ver ahora y si no presentan pruebas ¿entonces qué es?”, dijo el jefe de Estado.

Morales cuestionó que esa línea política, encabezada por el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, cambie de posición para frenar la solución al conflicto político en el país y lamentó que pretenda desconocer a los más de 640 000 votos obtenidos por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mesa, perdedor de las elecciones, primero se atribuyó el derecho a disputar una segunda vuelta contra MAS sin esperar el cómputo oficial de votos; luego demandó una auditoría internacional por sospechas de fraude y, ahora, pide desconocer los resultados de las elecciones generales.

Un equipo de 30 técnicos y profesionales de la OEA inició este jueves la auditoría integral con la participación de algunos países de la región y organismos internacionales, actividad aprobada por varios Estados.

Para Morales, el rechazo a la auditoría surge porque ratificará la victoria del MAS, por lo que la oposición, junto con sus aliados cívicos, pretende dar un golpe de Estado, para garantizar el retorno del neoliberalismo en el país.

Rechazó las acciones violentas que realizan los grupos cívicos y militantes de la oposición para paralizar las ciudades, desconocer los resultados electorales y pedir su renuncia; sin embargo, firmó, 'con la unidad del pueblo boliviano vamos a seguir derrotando a los racistas, a los discriminadores y a los marginadores'.

Mientras el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, indicó que iniciarán procesos penales, según las norma vigentes, contra quienes obstaculicen el trabajo del Ministerio Público en diferentes lugares del país.

Criticó la actitud de pequeños grupos vandálicos que impidieron el ejercicio de las funciones de la Fiscalía Departamental en Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí y otras ciudades, donde movilizados no dejaron ingresar a los servidores públicos.

“No vamos a permitir la interrupción de la labor del Ministerio Público, tomaremos las acciones correspondientes para garantizar a todos los bolivianos el derecho constitucional del libre acceso a la justicia”, señaló el fiscal boliviano.

Manifestó que de acuerdo al artículo 34 de la Ley de lucha contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, la persona que cometa el delito de entorpecer a la justicia, tendrá una privación de libertad de tres a ocho años.

Agregó que se agravará la sanción si utilizan la fuerza física, amenazas o intimidación para dificultar el cumplimiento de las funciones de jueces, fiscales, policías y otros servidores.

Dijo que con esas actitudes solo se cuarta el derecho de la justicia, y exigió “no alentar acciones violentas, ni de confrontación entre compatriotas” por lo que demandó a la población a retomar la calma y la tranquilidad.