Bruselas, 11 nov (RHC) Activistas de Colombia, Honduras, Guatemala y México en defensa de los derechos medioambientales, de la tierra y de los pueblos indígenas, promovieron una denuncia ante el Parlamento Europeo por el aumento de los feminicidios y las agresiones en su contra.

El grupo de mujeres latinoamericanas relató ante el legislativo las dificultades que enfrentan reiteradamente como líderes durante las protestas contra grandes proyectos industriales que se desarrollan en zonas rurales.

Revelaron la situación de impunidad que gozan los atacantes, ya que “se judicializa a los autores materiales, en su mayoría sicarios, pero no al autor intelectual y tampoco sus vínculos con las élites gubernamentales”.

Según Francisca Núñez, de las Brigadas Internacionales de Paz de Colombia, tampoco se incluye como agravante “la labor de la mujer como defensora”.

La representante del Comité Central Trabajadores del Campo de Honduras Nora Ramírez, aclaró que cuando salen a las calles “nos están acusando de terroristas”.

Aseguró que existe falta de protección estatal y se ha registrado un aumento de la militarización en estas zonas, donde se instalan grandes proyectos industriales “sin que haya consulta previa a la población ni se respeten los derechos del pueblo”.

El grupo de activistas se refirió también a la discriminación que, en especial, sufren las mujeres de comunidades indígenas, víctimas de desplazamientos forzados y a las que se ha privado de la posibilidad de acceder a recursos como agua.

Ante los legisladores europeos, la acusación fue respaldada por la representante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas de Guatemala, Sandra Calel, quien criticó la falta de intervención cuando “se protege al medio ambiente como pueblo indígena”.