La Paz, 18 nov (RHC) Legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que otorga "licencia para matar" a las fuerzas armadas de Bolivia.
El decreto expedido por el gobierno de facto de Bolivia, que exime a FFAA de responsabilidad en la represión registrada en los último días en el país suramericano en demanda de la restauración de la democracia, es una licencia para matar, denunciaron legisladores del MAS.
"Estamos en una mesa de diálogo. Por qué no se preferencia el diálogo a la masacre?", cuestionaron los asambleístas.
La diputada del MAS, Sonia Bravo, indicó que la policía tiene una labor disuasiva y no represiva, además que el ejercito no puede estar en las calles reprimiendo al pueblo, resalta Telesur.
Brito pidió un dialogo sincero con la mediación de la iglesia con las autoridades que usurparon el poder para trabajar en la pacificación del país suramericano.
Acusaron al Ministerio de Gobierno de presentar una lista de parlamentarios para detención de opositores y sindicalistas.
Arturo Murillo, ministro de Gobierno, sostuvo este domingo que hay varios legisladores del MAS que han sido denunciados por las mismas bases de que están incitando a la violencia y que desde este lunes se tomarán acciones en contra de proceder.
“Hay senadores y senadoras y diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que están haciendo subversión".
"Ya tengo listas, que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, diciendo que los obligan a esto o aquello. Se los va a empezar a detener con órdenes del Ministerio Público. Voy a armar un aparato especial de la Fiscalía porque no podemos permitir que esto siga”, señaló.
Según el Gobierno de facto, se están buscando las mejores formas para encontrar la paz social en Bolivia, por ello pidió a los sectores en conflicto pongan las demandas sobre la mesa de diálogo y éstas serán atendidas.
Apuntó que hay varios conflictos en el país, los más visibles en La Paz (Senkata y El Alto), Cochabamba (Sacaba) y Santa Cruz (Yapacaní), pero pocas demandas.
El diálogo entre los sectores políticos del país está bajo la mediación de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), acompañada de la Unión Europea (UE) y el Gobierno de España, además se prevé la incorporación de un delegado de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En ella participan autoridades del Gobierno de facto, encabezado por la senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta, sin contar con las vías legales para hacerlo, y representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
(Telesur)
