Bogotá, 26 nov (RHC) Miembros de diferentes organizaciones colombianas pusieron una denuncia contra la policía nacional para que se investigue el excesivo uso de la fuerza ante las manifestaciones del fin de semana último.

Los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron ante la Fiscalía General de la Nación, “una denuncia contra la Policía Nacional para que se investiguen posibles excesos en el uso de la fuerza contra los ciudadanos que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta pacífica, fueron víctimas de agresiones”.

La acción penal señala que los máximos responsables del abuso policial y quienes deben ser investigados son: Oscar Atehortua, director general Policía Nacional; Hoover Alfredo Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Megob); Jorge Luís Vargas, director de Seguridad Ciudadana y responsable del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Solicitan que se les investigue por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir; pánico y calumnia por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.

Se presentaron más de 15 casos que constan el actuar de la Megob y el Esmad en los que no atendieron a los criterios establecidos internacionalmente, y que vulneran el mandato constitucional de proteger el derecho de reunión y asociación, libertad de expresión y a participar en la dirección de asuntos públicos, refiere la información divulgada.

Algunos de los casos que solicitan al ente investigador establecer la responsabilidad de la Fuerza Pública son: la muerte del joven de 18 años, Dilan Cruz; las lesiones contra Diana Rocío Pinzón, comunicadora gráfica agredida en las inmediaciones de la Universidad de Los Andes; la muerte del ciudadano Faustino Vargas Sanabria, en el Barrio Verbenal de la ciudad de Bogotá.

Además, el uso arbitrario del traslado por protección para desarticular la movilización y los supuestos ingresos de “vándalos” a conjuntos residenciales en la noche del 22 de noviembre último que generó una ola de pánico y temor entre los ciudadanos.

En tal sentido se anexaron más de 30 vídeos y fotografías de denuncias ciudadanas en los que se evidencia la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en los delitos que se solicitan investigar, algunos de ellos por anuencia y complicidad.

La denuncia señala que se registraron 831 casos de retenciones a ciudadanos y por lo menos 25 casos de personas heridas entre el 21 y 23 de noviembre último, de acuerdo con los registros de la “Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs”.

El documento radicado ante la Fiscalía advierte igualmente que puede existir un importante subregistro en la violación de derechos humanos, debido a que los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias señalaron que sólo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas a nivel nacional.

Los congresistas también señalaron que citarán a debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la cúpula de la Policía Nacional.

Colombia vive este martes la sexta jornada consecutiva de movilizaciones contra políticas del gobierno, contra la violencia y por la paz.

Si bien en su mayoría las acciones transcurren de manera pacífica, en la Universidad Nacional, ubicada en Bogotá, se registraron choques entre los manifestantes y el Esmad.

El Comité Nacional de Paro en Colombia acordó hoy reforzar las protestas que se desencadenaron en el país desde la masiva movilización nacional del 21 de noviembre último contra medidas del gobierno, en rechazo a la violencia y por la paz.

Convocamos a paro nacional este 27 de noviembre en una nueva jornada nacional. Contra el paquetazo de (Iván) Duque y como homenaje a Dilan Cruz (fallecido tras ser herido de gravedad por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios en una protesta pacífica) ¡El Paro sigue!, precisó.

En tal sentido, apuntó que en la acción de mañana exigirán la disolución del Escuadrón, la depuración de la policía y el hundimiento de la reforma tributaria impulsada por el gobierno, por considerar que atenta contra los interese de los colombianos.

El Comité también acordó mantener la movilización ciudadana y respaldar las acciones de protesta de manera pacífica y realizar asambleas sindicales, comunales, populares y barriales este fin de semana en todo el país, de tal forma que se pueda coordinar la movilización social.

Los Comités Departamentales de Paro deberán reunirse de forma permanente, atendiendo sus asambleas y expresando su respaldo a la negociación nacional, apuntó.

En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, pidió que el Gobierno no adelante proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.

Adicionalmente, solicitó que el Ejecutivo aborde con el movimiento ciudadano Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.

Los anteriores temas serán abordados por el Gobierno y el Comité de Paro exclusivamente a través de los mecanismos que se acuerden entre los mismos, independientemente de los establecidos por el Ejecutivo para el que ha denominado gran diálogo nacional.

Ésta última petición hace clara referencia a lo que Duque denominó conversación nacional, proceso que comenzó el 24 de noviembre último con alcaldes y gobernadores y que se extenderá hasta el 15 de marzo próximo.

Mientras, continúan en el país, y sobre todo en Bogotá, las acciones de protestas.

En opinión del Partido Comunista Colombiano, se trata de “una grandiosa expresión de inconformidad, indignación y rechazo al gobierno de Duque, a su política social y al tratamiento de guerra a los reclamos ciudadanos”.

La profunda crisis política, social, cultural, humanitaria y moral que pone en jaque al Estado oligárquico colombiano es una manifestación de la crisis de estructura de la formación económica y social toda, y sólo puede tener una solución democrática, con la participación decisoria e independiente de las mayorías populares en sus definiciones, enfatizó.