Santiago de Chile, 27 nov (RHC) El Gobierno chileno enfrenta la sexta semana de protestas y su receta es militarizar aún más el país, ignorando las preocupaciones de las ONG pro derechos humanos y los pedidos de que renuncia al cargo por ordenar la brutal represión de los carabineros.

Gases lacrimógenos, balines, chorros de agua y golpizas de uniformados a ciudadanos son pan de cada día en Chile. Desde el pasado 18 de octubre, cuando comenzó un estallido social contra la desigualdad y el sistema económico, la rabia de los chilenos no se ha apagado, destaca HispanTV.

Este martes, amén de las multitudinarias manifestaciones, reprimidas como en ocasiones anteriores, el país vivió la segunda jornada de una huelga general progresiva. Bloqueos en varias rutas de acceso al centro de Santiago, capital chilena, marcó el paro, que reúne a más de 150 organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y sindicatos.

El presidente Sebastián Piñera, quien desistió de ir a la Cumbre sobre el cambio climático en España, insiste en su política de mano de hierro. Justo este martes, firmó y envió al Congreso un proyecto de ley que permite sacar a más militares a las calles.

Eso a pesar de múltiples críticas contra la represión ejercida por parte de los carabineros. La ONG Human Rights Watch (HRW) se sumó a Amnistía Internacional (AI) y constató graves violaciones de los derechos humanos de los manifestantes.

Hasta ahora, la crisis, la peor en tres décadas, ha dejado 23 muertos, miles de heridos y unos 16 mil detenidos.

Los chilenos aseveran que seguirán en pie de lucha hasta conseguir sus demandas principales, como la renuncia del presidente y la reforma constitucional. La actual Constitución chilena data de 1980 y es rechazada por ser herencia de la dictadura de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.

(HispanTV)