Santiago de Chile, 27 nov (RHC) El presidente Sebastián Piñera presentó al Congreso una serie de leyes que pretende reforzar los cuerpos policiales con el pretexto de enfrentar hechos vandálicos ocurridos en los últimos días.

El mandatario dijo que la Policía de Investigaciones y Carabineros necesitan todo el apoyo del país para cumplir su mandato y proteger el orden público, y demandó acelerar la aprobación de leyes que buscan aumentar sanciones contra encapuchados, quienes hagan barricadas o saqueos.

El gobernante se refirió así a los numerosos actos de vandalismo y saqueos perpetrados durante la noche del martes en Valparaíso, La Serena, Concepción y Antofagasta, entre otras ciudades.

Esos hechos de violencia contrastan con las manifestaciones pacíficas de cientos de miles de personas durante la mañana como parte de una huelga general convocada por la Mesa de Unidad Social, para reclamar una Asamblea Constituyente y medidas concretas de beneficios para las capas más desposeídas de la población.

Al respecto la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, afirmó tras finalizar las marchas, que la realización pacífica de las demostraciones calló la boca a quienes han querido identificar al movimiento social con los violentistas.

Pero analistas advierten que parece tomar fuerza, incluso con el apoyo de campañas comunicacionales, una matriz de opinión que pretende vincular las manifestaciones populares por legítimos reclamos sociales con el accionar de grupos que se dedican a saquear todo tipo de instalaciones.

Muchos llaman la atención también de que mientras el cuerpo de Carabineros demuestra una contundente disposición represiva contra las marchas populares mayormente pacíficas, la presencia policial a la hora de contener los desmanes contra establecimientos públicos y privados es prácticamente nula.

Este martes los presidentes de la Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, partido Socialista y Partido Radical emitieron una declaración pública en la que señalan que, con la misma fuerza que han condenado las violaciones de los derechos humanos, expresan su más firme rechazo a estos hechos de violencia y vandalismo.

Puntualizan que “quienes se aprovechan de las movilizaciones pacíficas para cometer delitos, deben ser aislados” y llamaron al Gobierno a “cumplir con su responsabilidad de mantener el orden público”, y que Carabineros “deje de actuar con dureza frente a los manifestantes pacíficos y con blandura frente a delincuentes que saquean e incendian”.

Asimismo advirtieron que “la única salida sustentable a la crisis que vive el país es de carácter político, por la vía del avance del proceso constituyente y un pacto social acompañado de justicia tributaria”.

Desde el Partido Comunista el alcalde Daniel Jadue expresó su condena a la violencia “sin medias tintas, pues esto pone en riesgo todos los objetivos del movimiento social y subrayó que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia'.

En tanto, el senador independiente Alejandro Guillier consideró imperativo rechazar “el vandalismo brutal que no responde a la agenda social que demanda la gente” y opinó que “restablecer el necesario orden público debe lograrse con mayor capacidad policial y respetando los derechos de la inmensa mayoría que se manifiesta pacíficamente”.

Tras 40 días de fuerte represión policial a manifestantes y más de 11 mil 500 heridos, el gobierno de Chile admitió a regañadientes la violación de derechos humanos y consideró necesaria una 'reforma' de Carabineros.

Desde que comenzó la revuelta social el 18 de octubre último, organismos nacionales de derechos humanos, personalidades internacionales como la premio Nobel Rigoberta Menchú, académicos, políticos y el clamor popular, denunciaron esas violaciones a las cuales el gobierno respondió con evasivas de que algo así estuviera ocurriendo.

Pero finalmente no quedó al parecer otra alternativa que admitir lo evidente, luego que la organización Human Rights Watch, invitada por el propio presidente Sebastián Piñera, emitiera un apabullante informe dando cuenta de 'graves violaciones” a los derechos humanos.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, tratando de endulzar la píldora, dijo que el gobierno recibió “con dolor” los datos sobre graves vulneraciones a los derechos de las personas, “incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual'.

Asimismo expresó que seguirán revisando las recomendaciones hechas por los observadores internacionales y señaló como medida concreta la instrucción dada al director de Carabineros, general Mario Rozas, para revisar las actuaciones que se alejen de lo establecido y que significan cuestionamientos y denuncias.

Para ello, el general Rozas deberá presentar una serie de propuestas en el plazo de una semana, mientras que el Ministerio del Interior creará un grupo para que con 'urgencia' proponga medidas de corto y mediano plazo para la agenda de modernización de Carabineros.

Por su parte, el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, dijo una vez más que hay situaciones graves que podrían constituir violaciones de derechos humanos que tienen que ser investigadas, revisadas y sancionadas en el caso de ser ciertas'.

No obstante, admitió que “hay muchísimas situaciones que vamos a tener que abordar con mucha fuerza en los próximos días'.

Pero la tendencia a minimizar la gravedad de las denuncias sobre la violencia desplegada por agentes del Estado, en especial Carabineros, sigue presente.

De ello dio cuenta la coronel Karina Soza, directora suplente de la Dirección de derechos Humanos de Carabineros, quien en una declaración de esa institución señaló “que se pueden haber cometido errores, que son materia de investigación”. Desde sectores políticos y el movimiento social, el reclamo, en cambio, va más allá de “reformar” el cuerpo de Carabineros y se exige justicia y reparación a las víctimas.

Entre otras muchas voces, la diputada Karol Cariola, del Partido Comunista, consideró que el presidente Sebastián Piñera debería pedirle la renuncia a Rozas inmediatamente.

Pero advirtió que hay medidas del mandatario que van en la dirección contraria, como la de presentar al congreso un proyecto de ley para permitir que el ejército “colabore” con el personal de carabineros en la custodia de instalaciones estratégicas. Sin embargo, no solo Rozas está en la mira, sino también el mandatario, porque todas las denuncias sobre violaciones refuerzan directamente la acusación constitucional que analiza una comisión de la Cámara de diputados contra Piñera, precisamente como máximo responsable de la represión desatada desde el 18 de octubre.