La Paz (RHC) Como una dictadura sanguinaria, calificó el abogado argentino Juan Grabois al Gobierno de facto en Bolivia, tras denunciar el atropello sufrido por un grupo de argentinos que inició la recogida de testimonios de víctimas de violaciones de los derechos humanos en la nación andina.

Grabois denunció el tratamiento recibido al llegar a la ciudad de Santa Cruz, donde las fuerzas militares interrogaron a cada miembro de la misión argentina, de forma arbitraria y pretendiendo que informaran los datos personales de las personas que iban a entrevistar.

“En resguardo a la integridad física de las víctimas, nos negamos y, en mi caso particular, me prohibieron pronunciar opiniones de naturaleza política en el país, lo que demuestra la falta de democracia”, destacó.

Luego nos tenían preparado una emboscada con provocadores que nos insultaban con consignas racistas, anti-argentinas, homofóbicas, buscando amedrentarnos, puntualizó.

El dirigente social expresó que el propósito de los activistas argentinos es recoger testimonios sobre la situación de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos que ocurren en el país boliviano, luego del golpe militar y en el actual gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez.

La delegación la integran profesionales, dirigentes de movimientos sociales y ambientalistas, con el fin de elaborar en Bolivia un informe sobre las violaciones a los derechos humanos, tras la asonada golpista contra el presidente Evo Morales.

“Mientras el gobierno de facto nos acusa de terroristas, hemos comenzado lo que vinimos a hacer: tomar testimonio de las diferentes violaciones a los derechos humanos que está sufriendo el pueblo boliviano”, apuntó la misión en su cuenta oficial en Twitter, en la cual difunde detalles de lo que realizarán por estos días.

Después de que 14 de los integrantes fueron retenidos por largas horas a su llegada al aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, finalmente pudieron comenzar su labor, en medio de una fuerte declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien sostuvo “que hay extranjeros que están llegando al país a tratar de incendiarlo, (pero) que anden con cuidado que los estamos siguiendo y mirando”.

“En el primer paso que den tratando de hacer terrorismo o sedición se van a ver con la policía”, les advirtió el ministro del régimen de facto.

En Twitter la delegación señaló que en la iglesia San Francisco de Asís recibieron ya a una centena de bolivianos y han organizado distintos registros en función de la diversidad de casos.

Hay uno que es el de detenidos en unidades judiciales y en cárceles, otro de heridos y familiares de heridos (tanto hospitalizados como heridos que están en sus casas porque son rechazados por el sistema de salud), y el de familiares de asesinados o desaparecidos, precisó.

Añadió que existe otro registro que es el de mujeres que por su condición de campesinas e indígenas sufriero violaciones contra su integridad sexual, amenazas o amedrentamientos.

Las entrevistas están coordinadas por abogados especializados y las víctimas son asistidas por militantes y referentes derechos humanos y sociales de la delegación, explicó.

El objetivo de la delegación argentina es trabajar con las familias víctimas e instituciones para elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos tras el golpe de Estado.

Componen el colectivo el abogado y referente social Juan Grabois, la también abogada y referente del Frente Patria Grande, Gabriela Carpinetti, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en la capital argentina Daniel Catalano y Leo Perez Ezquivel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros.