Santiago de Chile, 1 dic (RHC) La Comisión Chilena de Derechos Humanos, CChDH, emitió un comunicado en el cual señala la necesidad de establecer una nueva constitución y llamó a esclarecer y sancionar las graves violaciones cometidas por agentes del Estado contra las manifestaciones populares, publica hoy Prensa Latina.
En un comunicado de ocho puntos, la CChDH aboga instituir un nuevo orden social que se plasme en una constitución que garantice derechos sociales básicos, y que tenga 'una incuestionable legitimidad social, tanto en su génesis como en su contenido'.
Considera que la crisis actual sólo será superada si la nueva Constitución es expresión de un verdadero ejercicio de la soberanía popular, que respete genuinamente el derecho de libre determinación del pueblo, mediante un proceso constituyente inclusivo y democrático, en el cual todos los chilenos sean actores protagónicos.
Ello supone, añade, posibilitar el voto de los chilenos que viven en el extranjero, el de los mayores de 14 años, integración paritaria de género, representación garantizada para pueblos originarios, voto obligatorio y financiamiento público para que la elección sea libre e informada.
En el comunicado, la CChDH insisten en que la paz supone impedir la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período, y garantizar la debida reparación a las víctimas y/o familiares.
Asimismo señala que 'las graves, masivas y sistemáticas' violaciones a los derechos humanos, deben ser debidamente esclarecidas y sancionados sus responsables, incluidas las autoridades, si se establece su responsabilidad penal en los hechos.
También plantea que la justicia, como fundamento de la paz social, debe expresarse en la adopción inmediata por el Gobierno y el Parlamento, de medidas que satisfagan necesidades urgentes de la población, como un salario decente y una pensión digna, que son algunas de las demandas que dieron origen a la rebelión social.
Considera además que los saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, cuya autoría debe ser determinada mediante una investigación prolija de los Tribunales, no pueden ser excusa para criminalizar la protesta social ni para recurrir a la militarización del país.
Ello, considera, sólo puede traer nefastas consecuencias para la convivencia, y constituye una seria amenaza para el debido resguardo de los derechos humanos y el proceso democratizador que están impulsando y demandando mayoritariamente los chilenos.(PL)
