Caracas, 3 dic (RHC) La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA TCP) alertó sobre acciones desestabilizadoras en Surinam contra el Gobierno del presidente Desiré Delano Bouterse.

A través de un comunicado oficial publicado en el portal de la cancillería de Venezuela, los países integrantes del ALBA-TCP expresaron su preocupación por tales acciones, las cuales “tienen como fin generar situaciones de inestabilidad y afectar directamente el proceso electoral del próximo año”.

“Hemos observado con preocupación cómo un proceso judicial (?) es manipulado con fines políticos para generar inestabilidad e impedir la postulación del presidente Bouterse para las elecciones presidenciales de 2020”, indicó el organismo de integración.

El ALBA-TCP recordó que en otras ocasiones fuerzas minoritarias conservadoras nacionales, aliadas a intereses transnacionales, hicieron uso de la judicialización de la política para propiciar la caída de gobiernos populares e impulsar la restauración de políticas neoliberales.

Asimismo, el bloque regional denunció que autoridades de naciones como Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Reino Unido emitieran juicios de valor de carácter prematuro, con el fin de influenciar el veredicto de los tribunales, en 'clara intervención en asuntos internos' del pueblo y Gobierno de Suriname.

'Los países de la ALBA-TCP rechazamos categóricamente este patrón de injerencia, ya característico en nuestra región, y pedimos que se respete la soberanía de Suriname, sus instituciones y la voluntad de su pueblo expresada democráticamente en las urnas', concluyó el comunicado.

El mandatario surinamés aseguró la víspera ser víctima de un 'juego político', tras el fallo judicial en su contra en el caso de los llamados asesinatos de diciembre, reseñó la cadena multinacional Telesur.

Un jurado compuesto por tres magistrados condenó a Bouterse a 20 años de prisión por su presunta responsabilidad en la eliminación de 15 opositores políticos en 1982, tras un largo proceso judicial que comenzó en noviembre de 2007.

Los partidos de oposición pidieron la renuncia del gobernante y varias misiones diplomáticas en el país emitieron un comunicado conjunto en el que subrayaron como 'crítico' que los veredictos sean 'implementados y respetados de conformidad con el estado de derecho', precisó la fuente.