Quito, 10 dic (RHC) La organización ecuatoriana Asociación de Víctimas del Paro Nacional pretenden sacar a la luz la verdad sobre las protestas registradas en ese país andino contra el gobierno y a su vez proponer algún tipo de reparación por las víctimas.

El ente, anunciado oficialmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), prevé además acompañar a familiares de fallecidos y afectados por la represión desatada por de las fuerzas del orden, durante las 11 jornadas de protesta, en octubre pasado, contra disposiciones del ejecutivo, consideradas un paquetazo por numerosas organizaciones sociales y sectores de la sociedad, alineado con recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a juicio de muchos, solo generan mayor pobreza.

La Asociación lleva el nombre de Inocencio Tucumbí, líder indígena que murió como resultado del uso excesivo de la fuerza policial y militar, en medio del levantamiento. 'Hoy lanzamos esta Asociación con el objetivo de llegar a la verdad, de que el pueblo sepa la verdad de todo lo ocurrido en el mes de octubre', afirmó Jaime Vargas, presidente de la Conaie, durante la presentación, ante medios de comunicación.

En su intervención, recordó que el estado debe garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía, ante lo cual exigió ese marco de respeto y llegar a la verdad sobre los sucesos acontecidos contra quienes salieron a reclamar su derecho a la protesta, establecido en la Constitución de esta nación andina.

Vargas advirtió que el ejecutivo pretende deslegitimar a los pueblos indígenas y a sus dirigentes, quienes, aseguró, actualmente son denunciados y perseguidos.

En ese sentido, mencionó informes realizados por varias instituciones multilaterales, que dan cuenta, en informes públicos, tras investigaciones, del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, en las concentraciones efectuadas a nivel nacional del 3 al 13 de octubre pasado.

A su juicio, los heridos, muertos, las detenciones arbitrarias y encarcelamientos sin que existan procesos legales, son muestra de las violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante las marchas.

Mediante la nueva instancia, los afectados piden a la Corte Constitucional de Ecuador, la desclasificación de documentos, para transparentar lo ocurrido en las jornadas continuas de paro, que comenzaron en demanda de derogar el Decreto 883, mediante el cual quedó eliminado el subsidio a combustibles y se extendió a denuncias contra otras medidas económicas en detrimento de la población y por la salida del FMI de este territorio.

Igualmente, la dirigencia indígena aseguró que no cejará hasta lograr justicia, hacer prevalecer la verdad y recibir reparación integral, por parte de la administración nacional.

Sin embargo, el ejecutivo sostiene que los efectivos hicieron uso legítimo de los medios establecidos para esos casos y considera accidentales las muertes y perjuicios a la salud.

'Estaremos, hasta las últimas consecuencias, defendiendo el derecho, en derecho', enfatizó Vargas.

El pasado 3 de octubre, choferes de Ecuador iniciaron un paro de actividades tras la liberación en los precios de la gasolina extra y el diésel, que disparó el valor de productos de primera necesidad.

A sus demandas de restablecer los subsidios, se sumaron organizaciones sociales, intelectuales, estudiantes universitarios, campesinos, amas de casa y mayormente indígenas, quienes reclamaron políticas a favor de las familias con menos ingresos y el fin del acuerdo ejecutivo-FMI, que estableció requisitos perjudiciales para el pueblo, a cambio de un crédito de cuatro mil 200 millones de dólares.

Para la Conaie, la Asociación nacida en esta jornada, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, se inscribe en el proceso, de años, de lucha y resistencia en defensa de los derechos colectivos, humanos y territoriales, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.

Alrededor de una decena de personas perdieron la vida, 1340 resultaron heridos y 1192 detenidos, en el marco de las manifestaciones, realizadas en numerosas provincias, pero con epicentro en esta capital, blanco de los mayores enfrentamientos.