La Paz, 11 dic (RHC) El gobierno surgido del golpe contra el presidente Evo Morales reaccionó con furia contra un informe internacional que consigna graves violaciones de derechos humanos en Bolivia, mientras continúa una ola represiva.

El ministro del Interior, Arturo Murillo, calificó el informe como 'vergonzoso' y favorable al 'narcoterrorismo' -cargo usado para criminalizar a exfuncionarios y dirigentes sociales- y lanzó el ataque mientras el gobierno se empeña en una campaña contra un proyecto de ley de garantías democráticas contra los abusos.

El reporte que motivó la irritación del gobierno fue emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denuncia las masacres perpetradas en Sacaba, en el departamento de Cochabamba y en Senkata, El Alto, ciudad vecina de La Paz, con un saldo de una veintena de civiles muertos.

Indica que ha verificado que la manifestación antigolpista reprimida en Sacaba fue atacada a balazos por sorpresa por la policía, ante lo cual Murillo intentó desacreditar las manifestaciones contra el golpismo y los testimonios recogidos por la CIDH.

Entretanto, obtuvo amplia difusión la denuncia hecha por Internet desde México, del expresidente Morales, quien calificó como abuso el allanamiento, anoche, de su vivienda en La Paz, en la que guardaba objetos personales y recordó que con anterioridad su casa de Cochabamba fue saqueada.

Morales fue respaldado por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), ante la denuncia de la que fue objeto por parte del gobierno, en la Corte Penal Internacional, por supuestos crímenes de Estado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, afirmó que el exmandatario asumirá su defensa ante la acusación basada en falsedades.

De otro lado, comenzaron a crearse condiciones para perseguir también al exministro de Gobierno (Interior) y embajador de Bolivia en las Naciones Unidas hasta su destitución, Sacha Llorenti.

Por una parte, el embajador del actual gobierno en la ONU, Rubén Cuéllar, lo insultó al llamar 'canalla' a Llorenti y acusarlo de desprestigiar internacionalmente a Bolivia, porque denunció el golpe que el 10 de noviembre obligó a renunciar a Morales.

En forma aparentemente sincronizada, el abogado Jorge Quiroz y otros elementos afines al gobierno de Jeanine Áñez pidieron la reactivación de acciones penales -descartadas años atrás por la justicia- contra Llorenti por operaciones policiales realizadas durante su gestión como ministro.

Llorenti parece camino a sumarse a la larga lista de exmiembros del gobierno de Morales y exfuncionarios de diversos niveles de esa administración detenidos o perseguidos, como el también exministro del Interior, Alfredo Rada, cuya localización en el exterior pidió el gobierno a la Policía Internacional (Interpol).(Fuente:PL)