Bogotá, 12 dic (RHC) Las movilizaciones continuaron en Colombia para rechazar la reforma tributaria que el gobierno insiste en defender, pese a ser considerada perjudicial para millones de ciudadanos.
 
En la Plaza de Bolívar, de Bogotá, la capital, frente al Congreso, se realizó un cacerolazo de manera pacífica.
    
Las acciones ocurrieron después de más de tres semanas de protestas en el país sudamericano contra políticas gubernamentales y la violencia, y a favor de la paz.

El Congreso no puede ser tan sordo para no oír a miles de colombianos que reclaman igualdad, equidad y cero corrupción. Por compromiso con la democracia, debe decir no a la reforma tributaria, expresaron desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

La reforma tributaria disfrazada como 'ley de crecimiento económico' es un #PaquetazoDeDuque destinado a mejorar 'la competitividad de las empresas', con exenciones a los grandes empresarios por hasta 20 billones de pesos colombianos (1 dólar equivale aproximadamente a tres mil 400 pesos), puntualizaron.

Asimismo, remarcaron que, “con el mismo cuento de que bajar impuestos a las empresas ayuda a generar más empleo, nos han subido los impuestos y nos han recortado derechos a los colombianos”.

Las acciones de este jueves tienen lugar después de más de tres semanas de movilizaciones en el país contra políticas del gobierno, en rechazo a la violencia y por la paz.

Mientras, las reuniones entre el Comité de Paro y el gobierno, siguen sin arrojar acuerdos.

En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, el Comité pidió la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios, sobre el que llueven las críticas por los que muchos consideran uso excesivo de la fuerza durante las protestas, y la depuración de la Policía Nacional.

Empero, siguen las denuncias por lo que varias voces ven como uso excesivo por parte de la Fuerza Pública contra los manifestantes.

Además, el Comité pidió que el gobierno no adelante proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.

Sin embargo, fue emitido un decreto presidencial que, en opinión de muchos, abre la puerta a la privatización de empresas públicas.

El Comité solicitó que el Ejecutivo inicie con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados; que se tramite con la entidad Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en ese sector.

Pidió también que el gobierno aborde con el movimiento ciudadano Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de Paz, firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Asimismo, insistió en la necesidad de que se definan las políticas ambientales, la protección de páramos y otras zonas con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.