Buenos Aires, 18 dic (RHC) El expresidente de Bolivia Evo Morales reconoció en una entrevista a The Intercept Brasil ser víctima de un golpe de Estado clásico y que es como otro Plan Cóndor.
Morales, en Argentina en condición de refugiado tras una estancia en México, donde se le concedió asilo político por amenazas contra su vida, dialogó con el periodista Glenn Greenwald a quien comentó que lo sucedido en Bolivia tiene precedentes en otros países del continente.
El primer mandatario indígena en la historia de Bolivia, explicó que lo sucedido en su país no fue otra cosa que un golpe de Estado de manual, que recuerda mucho a las acciones de los años del Plan Cóndor, “aunque ahora no estén los militares a la cabeza”, acotó.
Agregó que situaciones similares vivieron en años recientes los gobiernos de izquierda de Brasil, Ecuador y Argentina, asediados por causas judiciales basadas en acusaciones sin pruebas y dirigidas a socavar la autoridad de dichos gobiernos para sacarlos del poder.
'Siento que esta nueva conspiración, tal como fue contra Dilma (en Brasil), como lo fue contra Correa (en Ecuador) o Argentina, es como otro Plan Cóndor, ya no encabezada por los militares, incluso con su participación', apuntó Morales.
En otro momento del diálogo se refirió al papel de Estados Unidos como gran impulsor de dichos golpes y respaldo a gobierno inconstitucionales en América Latina, y a cómo la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) fue destrozada por los gobiernos de derecha luego de aprovecharse de su marco legal.
'[…] teníamos en el estatuto constitutivo de la Unasur, respetar autoridades electas sean de derecha o izquierda. Desde que algunos partidos o presidentes de derecha ganaron las elecciones en Sudamérica, empezaron a sepultar y destrozar a la Unasur. Esa visión para esta clase de golpes reconoce a un golpista', resaltó el político boliviano.
Elegido presidente de la nación andina en tres ocasiones, Morales recordó que la ofensiva golpista de la derecha en el continente comenzó cuando en 2009 el presidente progresista de Honduras, Manuel Zelaya, fue obligado por la fuerza a abandonar su cargo.
Aseguró que la persecución política y los golpes de estado disfrazados de protestas cívicas y acciones legislativas son acciones orquestadas por la derecha más reaccionaria, que respaldada por Washington buscar reorientar el capital y los recursos de la región a unas pocas manos.
El expresidente se vio forzado a renunciar a su cargo el pasado 10 de noviembre como resultados de acciones violentas generadas por un informe parcial de la Organización de Estados Americanos que ponía en entredicho la transparencia de las elecciones presidenciales bolivianas, donde Morales se impuso en primera vuelta.
El expresidente de Bolivia (2006-2019) calificó hoy de injusta, ilegal e inconstitucional la orden de aprehensión contra él y Faustino Yucra, un dirigente del trópico de Cochabamba emitida por el gobierno de facto.
“A 14 años de nuestra revolución, el 'mejor regalo' que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana”, escribió en su cuenta en Twitter.
A través de esa red social, numerosas críticas circulan a la orden de presentada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien al ser nombrado por la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, prometió dar 'caza' a los funcionarios del gobierno de Evo.
Por su parte el usuario de esa red Anibal Garzón escribió que la dictadura boliviana emite la orden de aprehensión a Evo Morales por terrorismo.
'La pregunta es: ¿A qué terrorismo se refieren? A la lucha de campesinos e indígenas con palos y piedras para defender sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales #GolpeDeEstadoEnBolivia', añadió.
En tanto Wilfrido Laz considera que se trata de un 'show mediático propuesto por el gobierno de facto' y Patricio Mery Bell refiere que dicha orden 'es lo mismo que intentó hacer la dictadura de Lenin Moreno en Ecuador' con el expresidente Rafael Correa (2007-2017) a lo que Interpol se negó tres veces.