Buenos Aires, 21 dic (RHC) Tras dos días intensos en la Cámara de Diputados y en el Senado, el Gobierno argentino logró hoy pasar con éxito la primera prueba de fuego en el Congreso, que convirtió en ley el megaproyecto de Solidaridad Social.

Más de 17 horas de discusión en la cámara Baja, que comenzaron el jueves y terminaron el viernes, y otras 10 en el Senado hasta esta madrugada. Finalmente, la iniciativa enviada por el flamante mandatario, Alberto Fernández, y su gabinete se logró sancionar en el Poder Legislativo y desde ya regirá la emergencia en nueve sectores para paliar la difícil situación en el país.

Entre roces picantes de la ahora oposición representada por la coalición de Juntos por el Cambio, la alianza que llevó al poder al expresidente Mauricio Macri, y duros debates sobre la compleja realidad que padece una gran mayoría, sacudida por las políticas de ajuste del anterior gobierno, transcurrió el debate en el Senado.

Con la vicepresidenta Cristina Fernández en su condición de presidenta de la Cámara Alta, los parlamentarios vertieron sus opiniones sobre la ahora ley de solidaridad social y reactivación productiva, que en el caso del Senado fue sancionada con 41 votos afirmativos, 23 negativos y una sola abstención.

Casi similar a cómo sucedió en Diputados, los legisladores de Juntos por el Cambio, quienes polemizaron en contra de varios apartados de la ley, que otorga amplias facultades al presidente de la nación, salieron a defender la gestión anterior y arremeter contra el 'kirchnerismo', la fuerza política que lideraron el fallecido expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La normativa prevé suspender por 180 días la fórmula de movilidad jubilatoria que rige desde 2016 para que durante esos seis meses el Poder Ejecutivo fije trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales.

En otro de los apartados se crea un nuevo impuesto, denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un gravamen del 30 por ciento para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.

De este impuesto, 70 por ciento será destinado a la seguridad social y 30 a obras de infraestructura.(Fuente: Prensa Latina).