Caracas, 26 dic (RHC) La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) en un comunicado oficial repudió el hostigamiento a la residencia y la embajada de México en Bolivia por parte del gobierno de facto.

El ente regional manifestó además su apoyo a la acción jurídica de la nación mexicana frente a dicho hostigamiento que viola el Derecho Internacional, las convenciones que regulan las relaciones diplomáticas y consulares en el mundo.

'Los países del Alba-TCP expresan su profunda condena al asedio que sufren la residencia y embajada de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia, por parte de los servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos', expresa el texto.

El documento insta al gobierno de facto a respetar y cumplir cabalmente las obligaciones adquiridas por el Estado boliviano, respecto al articulo 22 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

'Las sedes diplomáticas son inviolables, por lo cual se prohíbe la injerencia de cuerpos de seguridad de un país sobre las embajadas extrajeras asentadas en su territorio', recalca el comunicado.

Alba-TCP expresa en el texto su más firme condena al gobierno de Bolivia, por su incumplimiento del derecho internacional y las convenciones internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y consulares.

El canciller de México Marcelo Ebrard informó acerca de una denuncia en la Corte Internacional de Justicia para ventilar el asedio policial a su embajada en Bolivia.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores ratificó que son nueve asilados del gobierno del expresidente Evo Morales, cuatro de ellos con orden de aprehensión, pero emitidas 11 días después de su ingreso a la embajada. A ninguno les han concedido los salvoconductos solicitados.

Ebrard explicó que la situación prevalece desde el pasado 25 de noviembre cuando se recibieron en la embajada a solicitantes de asilo a los cuales se les otorgó y se pidieron salvoconductos para que abandonaran el país, de acuerdo con el derecho internacional.

El día 23 de noviembre, dijo, aparecieron fuera de las instalaciones 90 elementos de policías no solicitados cuando lo habitual es que no rebasen los 20 efectivos.

Dijo que todo el tiempo se ha mantenido contacto con autoridades de facto para expresarles la preocupación por ese hecho y también con los representantes de Naciones Unidas y organismos internacionales.

Tenemos tomadas todas las medidas necesarias y los planes requeridos que no podemos divulgar para contrarrestar o impedir una violación de los derechos de México u otro tipo de hechos que afecten la integridad de nuestra misión diplomática, indicó el canciller.

Insistió en que como no han recibido respuesta del régimen de facto acorde con los principios internacionales y de respeto a sus derechos y garantías a su integridad, México está presentando su informe jurídico a la Corte Internacional por violaciones.

Exigimos en la solicitud que se respete la integridad de las instalaciones diplomáticas, que todo lo que sucede dentro de ellas es consustancial con la soberanía de México, y se acepe lo mismo respecto de todas las personas dentro de esas instalaciones, incluidos los asilados.

Por su parte, el ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, aseguró hoy que se mantendrán 'resguardando' la embajada de México en Bolivia, pese al rechazo internacional a la presencia militar y policial en los alrededores de esa sede diplomática.

Murillo dijo que se trata de una obligación y seguirán con la vigilancia porque la embajada 'sigue resguardando delincuentes'.

Tras el golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales, el 10 de noviembre pasado, comenzó por parte de las autoridades de facto, una persecución política, calificada de cacería por muchos, contra miembros del gabinete ministerial y del Movimiento al Socialismo.