Buenos Aires, 15 ene (RHC) Un grupo de víctimas de la masacre de Senkata, Bolivia, condenó la represión del gobierno de facto de ese país, que dejó una cifra significativa de muertos y heridos.

El 19 de noviembre de 2020, a solo días de la renuncia forzada del presidente Evo Morales, las nuevas autoridades bolivianas autorizaron el uso de la fuerza para desalojar personas que bloqueaban la planta de gas de Senkata en señal de apoyo al depuesto mandatario.

La acción conjunta de militares y policías dejó un saldo de 10 fallecidos, 65 heridos y decenas de detenidos, resultado del uso desmedido de fuerzas y medios contra civiles pacíficos.

“Estaban unas 50 personas cuidando la planta de gas. Empiezan a lanzar gases, sobrevolaban aviones y helicópteros. Entonces pedimos ayuda, que acompañen otros distritos. Ahí empezó la represión”, contó a Página 12 el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Félix Rojas.

De acuerdo con testigos y sobrevivientes el objetivo de la concentración era paralizar el suministro de gas a las ciudades El Alto y La Paz, cuando, bajo el pretexto de que pretendían dinamitar la instalación, los uniformados comenzaron el ataque.

Sin embargo el gobierno inconstitucional de Bolivia presidido por Jeanine Áñez negó el uso de armas por parte de los uniformados, justificó su conducta y llamó terroristas a los ocupantes, muchos de ellos aún exhiben marcas de impactos de balines.

Organismos defensores de los derechos humanos calificaron de masacre los sucesos de Senkata, los que el gobierno de Áñez intenta minimizar con la firma un decreto de resarcimiento económico.

La disposición establece el pago de 50 mil bolivianos (unos siete mil dólares) a las familias de los fallecidos producto de la represión, dinero que una vez aceptado imposibilita la reclamación de una investigación ante instancias internacionales.

La Comisión de Familiares de las Víctimas de Senkata rechazó el decreto de Áñez por considerar que no reconoce sus pérdidas ni el derecho de los heridos, quienes no son considerados como perjudicados por la represión.

En cambio piden la presencia de organismos internacionales para investigar el suceso y respuestas a varias demandas que consideran justas como la identificación y sanción penal de los asesinos.

También la aprobación de una renta o bono vitalicio a las familias de las víctimas sobre la base del salario mínimo, facilidades para becas a los hijos de fallecidos y heridos, y reprogramación o cancelación de deudas bancarias .

Pacientes con cáncer y familiares exigieron hoy aquí una audiencia a la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, luego de varios días de declararse una emergencia tras reducirse la asistencia por parte del gobierno de facto.

Miembros de ese sector vulnerable protestaron frente al Palacio Quemado, custodiado por un fuerte dispositivo policial, por la falta de respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud nombradas por Áñez a las múltiples denuncias de recortes de personal en hospitales y clínicas, así como las afectaciones en los servicios de radioterapia.

Rosario Calle, representante del grupo en La Paz, declaró la semana pasada que actualmente sólo tres pacientes son atendidos por cada médico y el equipo de cuidados paliativos no estaba funcionando.

Calle denunció que la falta de combustible afectó la transportación de pacientes inmovilizados en sus casas, situación informada a la cartera de Salud sin que hayan recibido respuesta hasta el momento.

Por otra parte, el expresidente Evo Morales promulgó el pasado 5 de septiembre la Ley del Cáncer para garantizar a los pacientes el acceso universal e integral a la atención en salud, hecho que lo convirtió en el primer gobierno de Bolivia en aprobar una norma para beneficio de ese sector, según fuentes oficiales.

La normativa busca asegurar la prestación de servicios de vigilancia epidemiológica, promoción, prevención, detección temprana, atención, tratamiento y cuidados paliativos a los enfermos, así como programas e infraestructuras para luchar contra esa enfermedad.

Cada año son diagnosticados aproximadamente 19 mil nuevos casos con diferentes tipos de cáncer y, de esa cifra, 200 son niños, mientras que las enfermedades oncológicas más frecuentes son de mama, cuello uterino y próstata.