La Intersindical formada por la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las principales del país, Fuerza Obrera (FO), la Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios, entre otras organizaciones, llamó a las calles a los empleados de diversos sectores para aumentar la presión sobre el ejecutivo, en el cuadragésimo tercer día del paro contra el proyecto.

Se trata de la sexta movilización nacional en rechazo al plan gubernamental, después de las realizadas el 5, 10 y 17 de diciembre, y el 9 y 11 de enero, cuando cientos de miles de personas se manifestaron para reclamar el fin de la reforma consistente en un sistema universal por puntos.

Anoche, la Intersindical lanzó una nueva convocatoria a protestar la próxima semana, con acciones nacionales el 22 y 23 de enero, antes de otra movilización masiva el 24.

El transporte público, el sector más golpeado por la huelga que comenzó el 5 de diciembre, ha mejorado de forma notable en los últimos días, por lo que las organizaciones han ejecutado otras medidas para mantener el repudio a la reforma, entre ellas el bloqueo de refinerías y puertos.

Según el gobierno, el paro ha causado pérdidas por 850 millones de euros a la SNCF, la empresa estatal encargada de la explotación de los ferrocarriles, y unos 200 millones a la RATP, responsable de operar el metro capitalino y otros medios de la región parisina (buses, tranvías y trenes).

El primer ministro Edouard Philippe consideró ayer que la huelga ya no tiene sentido, después de que se modificara el plan inicial, retirando provisionalmente la edad pivote de 64 años, concebida para garantizar el equilibrio financiero de la iniciativa.

La decisión gubernamental solo contentó a los sindicatos reformistas, liderados por la poderosa Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), pero el resto insiste en la eliminación de la reforma y en el comienzo de negociaciones para mejorar el actual sistema, dotado de 42 regímenes especiales de pensiones.

De acuerdo con la Intersindical y fuerzas políticas de izquierda, entre ellas el Partido Comunista y La Francia Insumisa (LFI), la reforma golpeará el bolsillo de los jubilados y beneficiará al sector financiero.

Por su parte, el gobierno asegura que el sistema por puntos será más justo y sencillo que el vigente.

Economistas y expertos consideran que la propuesta gubernamental afectará a la larga las pensiones de los retirados, como ha ocurrido con mecanismos similares en Alemania y Suecia.

La iniciativa, una de las promesas de campaña del presidente Emmanuel Macron, deberá aprobarse el 24 de enero en el Consejo de Ministros, con lo que pasaría a convertirse en proyecto de ley.

Si todo marcha como el ejecutivo espera, a mediados de febrero su plan estaría listo para la discusión en la Asamblea Nacional, donde el partido gobernante La República en Marcha y sus aliados tienen amplia mayoría.

El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, propuso esta semana a las fuerzas de izquierda impulsar una moción de censura contra el gobierno por su reforma de la jubilación.

En declaraciones a la prensa, el diputado señaló que la intención es presentar junto a los comunistas y los socialistas el recurso parlamentario para mostrar la desaprobación de la labor gubernamental, al amparo del artículo 49 de la Constitución.

Mélenchon acusó al gobierno de atacar la democracia con su plan y calificó de 'golpe de fuerza' el empeño en presentar la reforma ante la Asamblea, cuando aún no está definido todo el contenido del texto.

En ese sentido, el excandidato presidencial cuestionó que los parlamentarios deban votar, pese a que el primer ministro Philippe convocó a una conferencia hasta finales de abril para definir modalidades de financiamiento de la reforma, tras retirar la edad de equilibrio de 64 años.

Nos piden que por primera vez en la historia, digamos sí o no a un proyecto con lagunas, porque no sabemos su contenido final, y este cambiaría en mayo, advirtió el líder de LFI, quien opinó que semejante escenario carece de 'lógica parlamentaria y democracia'.

Mélenchon y otros parlamentarios de izquierda presentaron sin éxito en diciembre de 2018 una moción de censura, al considerar que se había 'roto el vínculo de confianza entre nuestro pueblo y el gobierno', en el contexto de la intención de elevar los impuestos a los carburantes, que desató el movimiento de los Chalecos Amarillos.

(Prensa Latina)