Washington, 27 ene (RHC) La Corte Suprema de Estados Unidos determinó la implementación de una polémica regla destinada a negar la residencia legal a inmigrantes dependientes de ayudas gubernamentales.

Tras una votación dividida de cinco votos a favor, de los magistrados conservadores, y cuatro en contra, de los liberales, el máximo tribunal del país permitirá que esa medida se ponga en práctica mientras avanzan en las cortes inferiores desafíos legales interpuestos contra su aplicación.

Con esta orden, el panel de nueve jueces elimina a un bloqueo interpuesto a esa regla a nivel nacional por un juez de Nueva York, el cual había sido confirmado este mes por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

La regla, que estaba prevista para entrar en vigor en octubre pasado, fue anunciada el 12 de agosto previo, cuando el gobierno dio a conocer la decisión de ampliar la capacidad de negar visas o tarjetas verdes de residencia permanente a personas que sean consideradas una 'carga pública'.

Tradicionalmente, ese término se ha referido a alguien que recibe cierto tipo de apoyo gubernamental en efectivo, pero con la nueva norma se ampliaría la designación para incluir la dependencia a ayudas como los cupones de alimentos, la asistencia para la vivienda y la cobertura bajo el programa sanitario Medicaid.

Con esa medida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entendería como carga pública a alguien que probablemente necesitará beneficios gubernamentales durante más de un año dentro de un periodo de 36 meses, además de medir otros factores como la educación, los ingresos y la salud para determinar si se debe otorgar el estatus legal.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes se pronunciaron de inmediato en contra de tal regulación, al considerar que discriminará a las personas provenientes de los países más pobres, mantendrá a las familias separadas y alentará a los residentes legales a renunciar a la ayuda pública que probablemente necesitan para subsistir.

El DHS indica que la norma afectará aproximadamente a 382 mil personas que buscan ajustar su estatus migratorio, pero organizaciones dedicadas a los temas de inmigrantes consideran que millones podrían verse impactados.

Luego de que el pasado 8 de enero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito se pronunció a favor de que la regla continuara bloqueada, el gobierno de Trump llamó al tribunal supremo a eliminar ese obstáculo y permitir la puesta en marcha de la medida mientras avanzan los litigios sobre el tema.

Esta es una de las numerosas acciones aprobadas por el ejecutivo de Trump en materia migratoria, en correspondencia con los objetivos del gobernante republicano de reducir tanto la inmigración ilegal como la legal.