Quito, 31 ene (RHC) El Defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión Intriago, instó al Gobierno a culminar con la persecución contra dirigentes sociales ecuatorianos, y exigió a las autoridades a reconocer las vulneraciones de los derechos humanos (DDHH) ocurridas en ese país en las manifestaciones de octubre pasado.

Las declaraciones de Carrión tienen base en un documento recibido del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y colectivos de DDHH sobre la violación de derechos humanos, en torno a los hechos de octubre de 2019, para que se ejecuten acciones responsables, en defensa del pueblo ecuatoriano.

En el documento, los colectivos de DDHH y los representantes de la FUT exigen al Gobierno que termine con la persecución y que se archiven las causas contra sus dirigentes. Al respecto Carrión expresó su apoyo a los trabajadores y manifestó que la Defensoria del Pueblo estará vigilante de los procesos judiciales en contra de dirigentes sociales, señala Telesur.

El principal representante de la Defensoría del Pueblo resaltó la función de dicha entidad de velar por los derechos de los trabajadores de Ecuador y manifestó que "El Estado no debe criminalizar la protesta social, esta es una recomendación realizada también por la Comisión Interamericana de DDHH. Se debe garantizar integridad, trabajo y libre ejercicio de asociación".

"Es hora de que el Estado asuma las responsabilidades de lo sucedido en octubre de 2019. Es necesario informar sobre las acciones de reparación a las víctimas, familiares y que se responda por los hechos delictivos durante las manifestaciones" señaló Carrión en la rueda de prensa.

Según el Defensor del Pueblo, la Comisión Interamericana de DDHH en su informe revela que existieron ocho víctimas de muertes violentas durante las protestas sociales, y en este sentido la Fiscalia de Ecuador debe responder sobre las causas de dichos fallecimientos.

De allí que, Carrión consideró que "es necesario que el Estado repare a las víctimas del paro nacional ecuatoriano y sus familias. Naciones Unidas ha indicado que las medidas económicas que adopten los estados deben ser socializadas con la población, previo a su implementación".

(Telesur)